Oro, hambre, saqueos y complicidades
Fernando "Pino" Solanas Termina otro año con la tragedia de millones de niños acosados por la pobreza y el hambre, con miles de muertos por desnutrición o enfermedades curables. Un genocidio social evitable que entre 2000 y 2002 se cobró cerca de 100 mil víctimas –según el Indec– y que al final de la década habrá dejado otros 100 mil muertos si continúan las políticas neoliberales. El hambre es un crimen evitable y consentido por una cultura de la hipocresía, cuya violencia cotidiana, silenciosa y sistemática, mata a millones de compatriotas. En este diario, Tato Pavlovsky escribía el 22 de noviembre pasado: "No debe valer más la vida de un desaparecido que la de un niño que muere de hambre, ni de los 27 que mueren por día por causas evitables (...) La indignación debiera ser la misma". Pero son más quienes lo toleran o miran para otro lado que quienes se rebelan ante estos crímenes aberrantes. A la Argentina le sobran recursos económicos para acabar con esta inmoralidad. ¿Cómo puede haber hambre en un país que produce 134 millones de toneladas de alimentos al año y que tiene inmensas reservas ictícolas, abandonadas a la depredación de las flotas pesqueras extranjeras? ¿Con qué argumento se tolera la desnutrición, cuyas secuelas pueden ser irreversibles, existiendo millonarios recursos minerales, se acumula superávit fiscal y cientos de miles de chicos jamás probaron un durazno o una manzana?
En la Quiaca, el obispo Pedro Olmedo continúa denunciando, con huelgas de hambre y crucifixiones, una desnutrición que afecta al 50 por ciento de la población. Los más desprotegidos son nuestros hermanos aborígenes, con el mayor índice de mortalidad infantil. Están condenados al hambre por el despojo de sus territorios originarios, que les daban el alimento: es el viejo racismo colonial en democracia. En Salta, el gobernador del Frente para la Victoria, Juan Urtubey, permitió arrasar en este año 400 mil hectáreas de bosques nativos y la Legislatura aprobó el desmonte de cinco millones de hectáreas más. Acabo de ver personalmente el sistema de explotación aplicado por los terratenientes: cientos de niños indígenas indocumentados son empleados por 120 pesos al mes para limpiar árboles volteados. Sin agua ni alimentos, expuestos a las alimañas y a leguas del poblado, duermen en el suelo tapados con un nylon.
Entregar los recursos naturales que permitirían terminar con el hambre y la indigencia es la otra cara del crimen del hambre. Para el periódico inglés Minning Journal, la Argentina tiene la sexta reserva de metales del planeta. Dos de sus mayores yacimientos situados en los Andes sanjuaninos y en manos de la Barrick Gold Co., Veladero y Pascua Lama, para la Secretaría de Minería de la Nación (SMN) son "uno de los distritos auríferos más ricos del planeta, con recursos de 40 millones de onzas de oro y mil millones de onzas de plata". Un tesoro que, a 830 dólares la onza de oro y 11 la de plata, es de 44.200 millones de dólares, mientras su costo de producción desde la extracción al lingote, y a 155 dólares la onza, es de 16.200 millones dólares. En veinte años de vida útil se llevarán un beneficio de 28 mil millones de dólares, 1400 millones por año.
Las corporaciones mineras no tienen obligación de procesar nada en el país; están exentas de casi todos los impuestos y sólo pagan regalías del 1 al 1,5 por ciento porque se les permite deducir los gastos de extracción y flete. Por lo demás, las regalías sólo cuentan para oro, plata y cobre, y se llevan gratis un concentrado metalífero de más de sesenta metales, algunos más valiosos que el oro, como molivdeno, renio o cadmio. No hay control público sobre lo que extraen y exportan y liquidan. Pueden guardar en el exterior el ciento por ciento de las divisas de sus ventas y aquí dejan una contaminación que costará fortunas repararla. Vaciamiento y descapitalización colonial que recuerda a Potosí: se trata de una renta que junto a los hidrocarburos supera los 20 mil millones de dólares anuales y debiera ser destinada a erradicar el hambre y la exclusión social. ¿No debe procesarse a los gobernantes por no cumplir con su deber de cuidar nuestros recursos?
Hay hambre porque no existe la voluntad política de terminar con él. Los gobiernos de la década, lejos de saldar esta deuda, pagaron la deuda externa con el agravante de no haberla investigado. Claudio Lozano demuestra que con siete mil millones de dólares se puede eliminar el hambre infantil y, si se invierte el cinco por ciento del PBI, acabamos con la pobreza. Pero la prioridad de los gobiernos kirchneristas es subsidiar a las corporaciones con 10 mil millones de dólares anuales. El doble discurso se vuelve transparente: los Kirchner hacen política con los derechos humanos y pregonan la distribución de la riqueza, pero la Presidenta decide subsidiar con miles de millones de dólares a las petroleras; otorga impunidad a la delincuencia financiera mediante el blanqueo de capitales y veta la ley de protección de los glaciares. ¿Es que el oro extraído con cianuro por la Barrick Gold Co. es más valioso que las principales reservas de agua dulce del país, condenadas a ser destruidas?
Si el hambre es un crimen, hay víctimas y hay responsables, cómplices, mentores intelectuales: son los dirigentes y economistas que ejecutaron los planes neoliberales causantes de la desocupación, la pobreza extrema y el despojo nacional. Recordemos al FMI, al ejército de gerentes de corporaciones y petroleras, banqueros, exportadores y terratenientes, junto a los Menem, Cavallo, Roque Fernández, De la Rúa, Machinea y tantos otros que hasta hoy sustentan los principales ejes del neoliberalismo, ignorando que su potencial destructivo es tal, que ahora está destruyendo a sus promotores en el corazón del imperio. También es condenable el silencio de aquéllos que saben y callan. ¿Cómo es posible aceptar que magistrados, grandes intelectuales, profesores, filósofos y comunicadores, no denuncien el crimen del hambre y el saqueo de los recursos del país? Pienso en queridos y talentosos compañeros, como varios integrantes de Carta Abierta, que tantas veces hicieron oír sus voces defendiendo las causas de los derechos humanos y la democracia y hoy callan estos latrocinios. ¿Cuántas marchas del hambre harán falta para aceptar que el hambre es un crimen y que el saqueo de los recursos naturales es causa del empobrecimiento?
Es hora de reemplazar el silencio por la denuncia, la inacción por la protesta: salir de nuestras casas para pararnos frente a las gobernaciones y parlamentos exigiendo un cambio de rumbo. Aceptémoslo: el hambre es un crimen de lesa humanidad en tiempos de paz. Sus responsables deberán ser juzgados por el tribunal de los pueblos. No pretendemos ser "destituyentes"; pero cada día que pasa mueren decenas de pibes y esas muertes pesan sobre la conciencia.
