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UCEP. ¿Y los medios PRO por qué callan?

Ni gente sin casas, ni casas sin gente
.El 21 de mayo pasado diversas organizaciones marcharon hacia el edificio donde funciona la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP)para denunciar el accionar de este ente en la "limpieza" y desalojos ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires desde 2008. En este informe, quiénes son y cómo funciona la "patota de la UCEP". Por La Olla Popular de Ángel Gallardo y Corrientes. Fotos: Proyecto Imágenes en Lucha.
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ANRed - Sur
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¿Qué entiende este gobierno por Espacio Público?
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Este 21 de mayo pasado marchamos junto a otras organizaciones desde el obelisco hasta Carlos Pellegrini 291.
En el 5º piso de ese lugar (y no en Diagonal Norte 570 como dice la página del gobierno) funciona la UCEP creada el 29 de octubre por el Decreto 1232/8, firmado por Mauricio Macri, Juan Pablo Piccardo (el rugbier Ministro de Ambiente y Espacio Público) y Néstor Grindetti (Ministro de Hacienda).
El decreto dice que sus funciones son: "mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la norma vigente y las sanciones correspondientes, colaborar operativamente en mantener el orden y colaborar operativamente en el decomiso y secuestro de elementos, materiales y mercaderías acopiados ilegalmente en el espacio público o utilizados para realizar actividades ilegales en el espacio público"
Andan de negro o azul, visten pantalones de tipo militar, tienen un aspecto parecido al del grupo Geo pero sin identificación alguna. Está integrado por patovicas, barrabravas y pesados a sueldo bastante corpulentos y de aspecto poco amistoso.
La patota macrista o los soldados PRO son siempre los primeros en llegar a una "situación de conflicto", cualquiera sea el ministerio involucrado, ya que no sólo operan para Espacio Público. Tienen una estructura parapolicial aunque trabajen codo a codo con la Policía, los funcionarios del ejecutivo y la Justicia.
Para cumplir con su "tarea" este grupo utiliza un variado espectro de ilegalidades: golpizas brutales, maltratos, irrupciones ilegales, desalojos sin sentencia judicial, intimidación, amenazas, aprietes, robos y destrozos (y quizás tal vez también los 113 homicidios cometidos contra indigentes en situación de calle e incendios intencionales en casas ocupadas con muertos y heridos nunca esclarecidos)
El hecho que actúen de noche, en autos sin identificación, sin uniforme y en zonas liberadas recuerda mucho al accionar de las fuerzas represivas durante la dictadura.
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El plan de vivienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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Para los pibes de la calle y las familias sin techo, la repuesta del gobierno porteño es la represión
Según el Ministerio de Desarrollo Social este año se duplicó el número de los sin techo. Las causas:
el presupuesto del Instituto de Vivienda (IVC) cayó este año de 500 a 120 millones de pesos. De los cuales cien se destinan al pago de sueldos, lo que prácticamente deja sin financiamiento para obras.
el incremento de los desalojos, favorecidos por una serie de medidas tomadas por el gobierno. 1) Vetó la Ley de Emergencia Habitacional que impedía los desalojos de inmuebles del estado usados como vivienda, 2) vetó la Ley de Cooperativas de Vivienda para Autoconstrucción, que ya había sido desfinanciada y 3) la posibilidad de realizar desalojos por decreto.
La UCEP, con sus aprietes y desalojos, ha desplazado al Buenos Aires Presente (BAP), que se encargaba de ofrecerles alguna posibilidad de alojamiento, aunque fuera momentáneo, a los que viven en la calle. El BAP dejó de atender las 24 horas para solucionar conflictos graves que necesitan una rápida intervención para atender hasta las 20, es decir cuando empieza las situaciones de mayor riesgo para los que viven sin techo. Al frente del BAP está hoy Pablo Gabriel Díaz, un militar retirado cuya experiencia en la función pública era buscarle un destino final a la basura que llena las calles de la ciudad (en el Ente de Higiene Urbana) Si hay una emergencia nocturna, la gente liderada por Díaz llama a la UCEP para que intervenga. La noche es para los "pesados" de la UCEP.
Se entiende perfectamente y es alarmante lo que el gobierno entiende por "higiene urbana"
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Así funciona la maquinaria de desalojo
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Antes actuaba la policía, había una orden del juzgado de desalojo con posibilidad de apelación, es más, había un aviso previo de 48 horas. Y el gobierno intervenía como auxiliar al desalojo una vez que se iniciaba, pero nunca había un operativo así donde se interviene con funcionarios del gobierno a la cabeza y una patota.
La primera línea es de la UCEP y lo que hacen es agarrar a los compañeros, inmovilizarlos y dar paso para que los retire la policía.
Entre ellos se encuentran los funcionarios. Que señalan a los que había que agarrar y que casualmente son los compañeros más organizados y los que participan en las reuniones de negociación con esos mismos funcionarios. Negociaciones que no prosperan pero que tranquilizan mientras preparan la maquinaria represiva.
Los de la UCEP se encargan de las cosas materiales que haya en la vivienda y los del BAP que se encargan de entregar el subsidio de 7000 pesos para personas en situación, ahora sí, de calle.
A los detenidos los liberan en algunas horas con algunos golpes y un proceso judicial por "resistencia a la autoridad"
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Casos en los que está involucrada la UCEP:
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debutó el 22 de febrero de 2008 antes de ser UCEP en el playón ubicado enfrente de las Barrancas de Belgrano, con el desalojo por la fuerza de medio centenar de cartoneros con respaldo de la Policía Federal.
Se los volvió a ver en junio del año pasado intentando desalojar las carpas kirchneristas de Plaza Congreso a favor de las retenciones móviles a la soja.
Tienen varias denuncias de amenazas, agresiones y golpizas frente a la Defensoría del Pueblo por parte de personas en situación de calle.
Puerto Pibes, un enorme predio público destinado a alojar, recrear y educar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, ha sido desmantelado por el gobierno porteño para usarlo como una de las instalaciones de la futura policía metropolitana.
el 5 de febrero de este año al mediodía, en la calle Perón y 9 de Julio, en el centro desalojaron una vivienda con veinticinco personas y cuando fueron trasladados a un lugar presuntamente seguro, volvieron a ser agredidos en la madrugada del día siguiente por hombres que se movilizaban en una camioneta utilitaria blanca que los golpeo y destruyó sus pocas pertenencias.
el intento de desalojo de 250 familias en el inquilinato de Bolívar y Moreno.
el desalojo del hotel Carlos V en que metieron presos a veintitrés compañeros durante dos meses acusados de delitos que sumaban quince años de prisión.
El 27 de febrero fueron desalojadas ¿administrativamente? o sea sin orden judicial y sin aviso previo, a las 5 y media de la mañana 103 familias con un total de unas 400 personas del inmueble en Paseo Colón 1588 mientras sufrían agresiones, amenazas y detenciones. El miércoles anterior ya se había allanado el lugar "por narcotráfico"
El gobierno efectuó otro desalojo, sin orden judicial y por la fuerza, que afectó en este caso a diez familias (más de 50 personas) El operativo se produjo el 2 de marzo en Paseo Colón 1574.
El lunes, centenares de vecinos hicieron una protesta en Gascón 123, para rechazar la decisión de Macri de desalojar por decreto un edificio en el que viven 50 familias, en algunos casos desde hace más de 30 años. El 5 de junio de 2008 la Legislatura había determinado que el edificio que pertenece al gobierno, fuera destinado a ser "vivienda social", con la posibilidad de que sus actuales moradores pudieran comprar los departamentos. Por decreto, Macri vetó la ley para construir el Corredor Verde del Oeste, que prevé parquización en los terrenos de las vías del Sarmiento, desde Hidalgo hasta General Paz.
El desalojo de La huerta orgázmika en Caballito.
En lo que va de gestión macrista hubo 113 personas en situación de calle asesinadas donde si bien es muy difícil de comprobar la acción de la UCEP no es difícil de inferir su participación.
En el incendio del banco de Italia y Río de la Plata de La Boca, donde murieron quemados seis personas. El gobierno estaba al tanto de lo que pasaba y nunca intervino y nunca se esclareció qué pasó.

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