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¿Cambió algo Buenos Aires?


Durante el gobierno de Macri, 113 personas murieron en las calles de frío, hambre y abandono.

Gustavo Veiga


"Los ojos de los muertos se cierran cuidadosamente,
con no menos cautela deberíamos abrir
los ojos de los vivos."

Jean Cocteau


El 113 no es un número azaroso ni arbitrario. Señala las muertes ocurridas entre 2008 y 2009 que contabiliza la ONG Proyecto 7 entre las personas que viven en situación de calle en la Capital Federal. Un combo letal las provocó: la indigencia y la pobreza estructurales, la deficitaria política del Estado porteño en salud, vivienda y alimentación y los de-salojos compulsivos combinados con las enfermedades, adicciones y bajísimas temperaturas registradas en estos días del año. Aquella cifra cobra vida cuando se revelan historias que la explican mejor, que hablan de existencias miserables, de seres que se levantan y se acuestan a la intemperie. Página/12 registró varios casos apoyándose en los datos de la organización que los denunció, en Médicos del Mundo que cuenta con un móvil de asistencia y contención que recorre la ciudad y en los testimonios de quienes todavía siguen durmiendo en plazas o parques, y debajo de los puentes y autopistas.


Raúl Puerta, alias "El Colo", tenía 32 años aunque por su aspecto avejentado aparentaba muchos más. Había perdido a toda su familia en un accidente y el impacto de ese hecho lo quebró. Estudiante de Derecho, solía ser animador de las ranchadas en Plaza Congreso, donde alternativamente ocupaba distintos bancos para dormir. Sus compañeros de infortunio lo recuerdan como un hombre instruido, respetuoso y que llevaba la marca en el orillo de una solidaridad a la que empuja la calle para sobrevivir. "Si tenía un solo cigarrillo era capaz de romperlo al medio para compartirlo", cuenta Horacio Avila, el presidente de Proyecto 7, la organización que ayuda a la gente que vive en la calle, como le sucedió a él entre 2002 y 2007.


El Colo paraba en un bar de la avenida Entre Ríos, casi en la esquina con Hipólito Yrigoyen. Ahí, a cambio de su trabajo, recibía unos pesos y le daban de comer. Una noche se acercó al grupo de otras personas sin techo que dormían en el umbral del edificio de la ex Caja Nacional de Ahorro Postal, enfrente de Plaza Congreso. Se sentó junto a ellos, pero el cuerpo no le paraba de temblar. Alguien decidió llamar al SAME desde un teléfono público y cuando la ambulancia llegó, Puerta no se quiso subir. La respuesta a esa negativa fue la desatención. Avila todavía tiene muy fresco el episodio. Con otros indigentes intentaron llevarlo hasta el hospital Ramos Mejía pero les resultó imposible. Cada vez que intentaban ponerlo de pie se caía. Buscaron darle solución momentánea al problema acostándolo en un banco y lo taparon con una manta. El grupo se dividió: unos buscaron ayuda en el hospital y otros se quedaron con él.


Cuando los primeros volvieron ya no había nada que hacer. El cuerpo del Colo estaba rígido como una estatua. Así murió, después de alternar días de lucidez con largas noches de ebriedad. El alcohol, pero el alcohol fino, combinado con una mayor proporción de agua, es la bebida de los habitantes de la calle. Se llama "cachuña". Y alrededor de un recipiente improvisado donde se la sirve transcurren las horas de muchos que no tienen un techo para protegerse.

Hugo Benjamín Carranza, "el Gendarme", falleció cuando tenía 58 años. Afecto a contar historias de frontera, de cómo la vida transcurría en un destacamento o se contrabandeaba, solía cuadrarse ante una bandera imaginaria y hasta se lo veía marchar en las inmediaciones de la Plaza 1º de Mayo, ubicada entre Hipólito Yrigoyen, Pasco, Alsina y Pichincha. Cuidaba autos en la primera calle, donde se encuentra una dependencia de la AFIP, y lo hacía hasta bien entrada la tarde. Quería volver a su Chaco natal, donde pensaba que podría darle un giro a su vida.

En esa plaza funciona una de las ranchadas más organizadas de Buenos Aires. El Gendarme Hugo, que a todos les contaba su paso por la fuerza de frontera, un día muy temprano, casi con el despuntar del alba, apareció sentado en un local vacío y de grandes ventanales sobre la calle Alsina, muy cerca del Shopping Spinetto. Un compañero, creyendo verlo dormido, intentó despertarlo para que fuera a desayunar a Rincón y Chile, la cita obligada de cada mañana. Lo tocó y no reaccionó, lo empujó y el hombre se despatarró por el piso. Estaba muerto. El frío había acabado con él. Pero desde mucho tiempo antes su vida acumulaba golpes de la burocracia porteña. Una y otra vez había tramitado un subsidio. Una y otra vez se topó con la misma respuesta negativa por ser un hombre solo y no tener familia a cargo.


Los ucranianos

Igor Kirilenko, según los datos que aporta la enfermera Mary Barrios, de Médicos del Mundo, murió a fines del año pasado. Era ucraniano y pedía limosna en la zona del Parque Lezama. No había elegido ese lugar en vano. Sobre la calle Brasil se encuentra la iglesia ortodoxa rusa de la Santísima Trinidad, que parece sacada de una postal de San Petersburgo. Como otros inmigrantes y marineros de origen eslavo nacidos en las ex repúblicas soviéticas, quedó varado en Buenos Aires y se las rebuscaba como podía.

Algunos hacían changas o vendían café y cubanitos en la calle. Cuando el trabajo escaseaba, le pedían ayuda al sacerdote de la iglesia de las cinco cúpulas color turquesa. A los primeros que llegaron al país tras la caída de la URSS les costó mucho sobrellevar la crisis del 2001, la falta de oportunidades y vivir en la calle. La ingesta de vodka o hasta la cachuña que también probaron, les provocó cirrosis o la muerte por coma alcohólico.

Andrés, a secas, así recuerdan a otro ucraniano los sin techo de la plaza 1º de Mayo. Lo habían bautizado de ese modo porque el nombre que tenía era muy difícil de pronunciar. A diferencia de Kirilenko era mucho más joven. Alto y rubio. Hablaba bastante bien el castellano. Buscó trabajo con insistencia pero nunca encontró uno fijo, más o menos perdurable. Entonces se juntó con un cubano –hay varios en condición de calle– y comenzó a prostituirse como taxi boy. Sentado en un banco de la plaza y con una botella de vino tinto entre sus manos, podía vérselo llorando en silencio, acaso añorando su país y su familia.

Pasaron tres años y ya con 22 cumplidos, un día la ambulancia del SAME se lo llevó de urgencia con una neumonía. Sus atribulados compañeros se enterarían después que murió camino al Hospital Muñiz. El sida, además del alcohol, había hecho estragos en su cuerpo.


Morir en la iglesia

El sacerdote Jorge Enrique Alonso da misa en la parroquia Corazón de María que se levanta en la continuación del trazado de la avenida 9 de Julio hacia el sur, frente a la plaza Constitución. A fines de 2008, un hombre que vivía en la calle llamado Julio falleció en el interior de la iglesia mientras desayunaba. Tenía 50 y pico, su documento en regla y terminó en la morguera de la Policía Federal que se lo llevó junto a tres cadáveres más.

"Fue un domingo, lo recuerdo muy bien. No hacía el crudo invierno de ahora y esta persona se quedó dura en la mesa. Había terminado el desayuno, y mientras la gente se levantaba, el hombre, como quien dormía, cruzado de brazos, no se movía. Alguien le puso los dedos en la yugular para tomarle el pulso, pero ya no tenía latidos. Había perdido el control de sus esfínteres y estaba orinado. Llamamos al SAME, vino una doctora que le colocó unos aparatos y comprobó que había muerto. Se lo cubrió con una sábana y a la tarde vino la morguera a buscarlo. Yo no recuerdo más datos de él, aunque lo que pasó está registrado en el libro parroquial", describe el padre Alonso, quien ya formuló una denuncia ante la Defensoría del Pueblo por la agresión de la UCEP (Unidad de Control del Espacio Público que depende del Ministerio de Ambiente porteño) a un indigente que vive al lado del templo, debajo de la autopista.


El joven que se abandonó

Martín Franco murió de tuberculosis. Es la misma persona de la que hablan Ramón Antonio Rivero, un porteño de 31 años que vive en la calle y la enfermera Barrios, de Médicos del Mundo. Los dos coinciden en que falleció recientemente, que era alto y delgado, portador de HIV y en que solía andar por el barrio de Balvanera. La ONG conserva su historia clínica porque solían atenderlo sus profesionales.

"Vivía en la manzana del Spinetto. Ahí tenía al hermano que laburaba en un galpón de verduras que se llama Caputo. Martín tenía problemas con la familia y se tiró al abandono. Después empezó a tomar alcohol, se le infectaron las piernas y lo llevaron a un hospital, adonde no lo atendieron como correspondía. Iba a la guardia una o dos horas, se cansaba y no volvía más. Murió en el hospital Ramos Mejía", cuenta Ríos, un hombre morocho, de baja estatura, también portador de HIV, que cuando no lo hostiga la policía duerme en la Terminal de Omnibus porque ya no quiere hacerlo en el parador de Retiro. "Me fui por un muchacho que trabaja ahí y trata mal a la gente. A ese lugar le metieron muchas denuncias, como una por el caso de un señor al que hacían dormir en una silla porque tiene sarna."

A Ríos la cifra de 113 muertes le parece exigua: "Y sí, creo que hay más gente. Eso se ve en los refugios, en hogares, y es por la falta de atención médica. Se preocupan más por ganar dinero que por tratarnos como seres humanos. Somos un trapo de piso...". Además de Franco y el ucraniano Kirilenko, en Médicos del Mundo registraron este año el caso de Pedro Talavera, otra persona en situación de calle que falleció en los primeros meses de 2009. La ONG fundada en Francia y con delegación en nuestro país no lleva estadísticas de decesos, pero sí de consultas en su unidad móvil, lugar de procedencia de los sin techo, zonas de pernocte y nivel de estudio de los afectados, entre más rubros (ver aparte).

Proyecto 7 interroga desde una publicación con sus propias cifras: "¿Sabía usted que actualmente en la ciudad de Buenos Aires hay más de 15.000 personas en situación de calle? ¿Y que de esas 15.000 personas 4500 son niños en edad escolar y 2000 son abuelos con toda una vida de trabajo detrás y que hoy están abandonados en la calle?"

La segunda pregunta de una serie de diez, es la que motiva esta nota: "¿Sabía usted que en los últimos dos años en la ciudad de Buenos Aires murieron 113 personas en situación de calle a causa del frío y enfermedades diversas?" La ONG tiene una respuesta muy simple para esa denuncia inquietante: "La calle no es un lugar para vivir", dice una de sus banderas.En la Capital Federal, según los cálculos más optimistas, se amontonan en los umbrales de edificios públicos, estaciones de tren o subte y autos abandonados, entre 8000 y 10.000 personas. De lugares más abiertos como parques y plazas los vienen corriendo desde hace tiempo la Policía Federal o la patota de la UCEP. Quienes no sobreviven terminan en la morgue o como NN en la Chacarita. Se explica: el 85 por ciento no tiene ninguna cobertura de salud –ni siquiera estatal– y el 30 por ciento está indocumentado.

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La patota del desalojo


LAS "OPERACIONES" DE LA UNIDAD DE CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO

Se visten de negro y actúan de noche. Ya fueron denunciados repetidamente por amenazas, golpes, sustracción y destrucción de mercaderías. Actúan en desalojos compulsivos y corren de autopistas y plazas a quienes no tienen dónde vivir. Trabajan para el Ministerio de Espacio Público que maneja el rugbier Juan Pablo Piccardo.


Gustavo Veiga

Los uniformes que usan son tan oscuros como el momento del día que eligen para hacer sus operativos: la noche. Pese a los trágicos recuerdos que eso conlleva, la Unidad de Control del Espacio Público porteña (UCEP) oficia en la práctica como una patota que desaloja por la fuerza a indigentes que viven en parques, plazas y edificios de la Capital Federal. "Esta gente comete delitos y tiene que ir presa", sostiene el abogado Ricardo Dios, jefe de Seguridad Urbana de la Defensoría del Pueblo de la ciudad. Pero ni siquiera con seis actuaciones iniciadas en esa dependencia, ni con una causa judicial en trámite (Macri, Mauricio y otros sobre amenazas con armas o anónimas), ni con el testimonio de testigos que se presentaron de manera espontánea respaldando a las víctimas, el grupo dejó de recorrer las calles en actitud intimidante. Amenazan, golpean, sustraen mercadería o la destruyen y lo hacen sin reparar en mujeres o ancianos que cartonean o duermen debajo de las autopistas. La UCEP depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a cargo del ex rugbier Juan Pablo Piccardo y se creó el pasado 29 de octubre por el decreto 1232/08, aunque ya operaba desde antes.


El martes 7 de ese mes, Angel Cabrera Cánepa (foto), un hombre de 66 años que vive rodeado de maderas y cartones a un costado de la autopista sur, en Constitución, junto a la iglesia Corazón de María, se despertó entre gritos, de madrugada. "Yo estaba durmiendo y sentí los golpes en las tablas, me desarmaron las cosas a patadas, me tiraron una pared y empezaron a preguntar quién estaba. Les dije que cuidaba el lugar y me respondieron: salí viejo, vos no podés quedarte acá, te tenés que ir ya. Les expliqué que me dieran tiempo hasta la mañana, que cargaba todo y me iba, pero uno me contestó: andate ya porque te quemamos el rancho, te degollamos y te matamos. Me dieron una trompada acá (señala tomándose el costado del estómago) y uno me acercó algo filoso al cuello. Pero cuando nombré al padre y a la parroquia, el jefe de ellos cambió de idea. Y me dijeron: mañana venimos y no vinieron nunca más", le cuenta el damnificado a Página/12.


Angel Cabrera Cánepa se las rebuscaba como cartonero, hasta que los precios de productos básicos que juntaba para su subsistencia se desplomaron. Cuenta que el kilogramo de cartón pasó de valer cincuenta centavos a diez. Ahora vende cada tanto unos sillones o tarimas, zapatos o alguna pinza. Todo usado. Su proximidad a la parroquia claretiana y la relación amistosa que mantiene con el sacerdote Jorge Alonso, según él, influyeron para que la UCEP no fuera por segunda vez a desalojarlo. Pero aquella noche de octubre, otros indigentes que vivían del lado opuesto de la autopista que da a San Telmo, quedaron a merced de la patota. "Pobres muchachos, los golpearon y después vinieron para acá", recuerda.


Estos no son los únicos casos de agresiones que constan en la Defensoría del Pueblo. Hay cinco actuaciones del 2008 en la oficina de Seguridad Urbana (5946, 5955, 6179, 7187 y 7267) y este año se agregó una sexta. El viernes 6 de febrero, Victoria Estela Quintero, de 49 años, se presentó en el organismo para formular una denuncia: "Quiero que me informen desde qué punto puedo yo conservar mi integridad física y proteger la mercadería que logro juntar sin correr riesgos de que la misma sea vulnerada. Uno de nuestros temores principales es el temor a las agresiones que podemos tener por parte de las autoridades policiales y estas fuerzas de choque. Me gustaría saber quién se hace cargo de nuestra seguridad", se preguntaba esta mujer que, junto a su marido, continúa en situación de calle.


En su testimonio, Quintero afirma que "los espacios públicos tanto para trabajar como para pernoctar son cada vez más acotados. Por esta razón quiero que se me informe cuáles son las ordenanzas que determinan qué cantidad de mercadería podemos tener con nosotros para que la misma no sea confiscada por estos grupos de choque que existen, los cuales no especifican qué es lo legal y qué lo ilegal del espacio público que estoy ocupando..."


Resulta imposible encontrar una norma que defina el hecho de dormir en una plaza o vereda. Sencillamente, no existe. "Nosotros decimos que el efecto que crea la UCEP tiene algunos preceptos que tienden a generar un uso abusivo en la práctica. Sobre todo cuando dice 'colaborar operativamente en el decomiso y secuestro de elementos, materiales y mercaderías acopiados ilegalmente en el espacio público o utilizados para realizar actividades ilegales en el espacio público'. Eso lo tiene que decir un juez. No puede alguien de la UCEP decir qué es ilegal y qué no", agrega el abogado Dios.


En efecto, como sostiene el jefe de Seguridad Urbana de la Defensoría, "el decreto no dice sacar a la gente de la vía pública. Una normativa no puede habilitar que se desaloje a las personas que están pernoctando. Vivimos en un estado de derecho y si hay un decreto que avanza sobre facultades judiciales y se convierte en arbitrario, lo vamos a cuestionar. La norma que crea la UCEP viola preceptos constitucionales".


El subcomisario José Pedro Potocar admitió en un descargo por la denuncia del indigente Alejandro Cardozo –quien fue maltratado por la UCEP y la Policía Federal– que no se puede obligar a las personas en situación de calle a alojarse en los centros de hospedaje que dependen del gobierno porteño. Y en el mismo texto explicó de qué modo se inician la mayoría de los operativos: "Como se puede vislumbrar, la plaza Rodríguez Peña es uno de los lugares públicos que se ubican en jurisdicción de la comisaría 17ª donde a diario personas en situación de indigencia utilizan dicho espacio para pernoctar, hecho este que molesta a los vecinos de la zona, quienes llaman a esta comisaría o al número de emergencia 911, solicitando que se retire del lugar a estas personas, por temor a ser víctimas de ilícitos".


Los operativos de la UCEP, que tiene su base en el Edificio del Plata, Carlos Pellegrini 291, 5 piso, son realizados con el apoyo logístico de camiones y camionetas de una empresa que hace la recolección de basura, aunque no es de las que tiene concesión en la ciudad. "Con fecha 2 de octubre de 2008 el señor Carlos Rolando Gutiérrez amplió su denuncia y señaló que a fojas 4 de la actuación referida, que el día 1° de octubre de 2008 regresó al lugar donde había sido agredido haciéndose presente un coche Fiat Duna de color gris –patente INN220 o ANN220– acompañado por un camión de color blanco que llevaba inscripto 'Panizza' en una de sus puertas. Expuso que en dicha oportunidad le fue sustraída por las personas que descendieron de ambos vehículos la frazada que tenía en su poder, siendo amenazado con ser golpeado si volvía a intentar pernoctar en el lugar". El sitio que había escogido Gutiérrez para dormir era el acceso al Teatro Colón, sobre la calle Cerrito.


El cartonero Gustavo Diego Pérez denunció que el 2 de octubre, a las 2 de la mañana, en la intersección de Lima y avenida Independencia "un grupo de trece personas que se trasladaban en un camión de recolección de residuos con la inscripción 'Panizza' –patente EXG115– y cuatro vehículos –dos de ellos de patente FMA256 y SMA278– se acercaron a él y unos compañeros y les sacaron los carros con todo lo que habían recolectado quitándoles asimismo su documentación, todo lo cual fue destruido. Manifestaron que esas personas no detectaron que él estaba dormido, por lo cual peligró de ser arrojado junto a su bolso dentro del camión compactador. Por otro lado, señaló que al indagarles acerca de quiénes eran, solicitándoles que se identifiquen, se negaron a ello".


La repetición de estos casos impulsó a la diputada porteña Liliana Parada a presentar una denuncia el 4 de diciembre pasado contra Macri, Piccardo y los funcionarios y empleados de la UCEP. La conducta de estos últimos encuadraría en delitos tipificados por el Código Penal, como el que señala el artículo 149 bis: "Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años, el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad".


La causa está radicada en la Fiscalía de Instrucción N° 26 y quedó caratulada "Macri, Mauricio y otros sobre amenazas con armas o anónimas". Desde allí, el 12 de febrero se reclamaron las denuncias a la Defensoría que, por la vía administrativa, no consiguió avanzar demasiado más allá de recomendarle a Piccardo que, con carácter urgente, desactive las prácticas de la UCEP. "Ellos niegan, niegan que cometen delitos. Dicen que lo hacen por medio de la persuasión. Que su trabajo es decirle a la gente que no puede ocupar el espacio público, que debe ser liberado. No respondieron casi ninguna denuncia y en la única que contestaron, la respuesta fue que no intervinieron", cuenta Dios.


El hecho al que alude el abogado involucró a una pareja que tiene sida y que fue abordada por efectivos de la comisaría 17ª y un grupo de civiles. Esteban Alejandro Ares y Edith del Rosario Forjato reclaman todavía hoy sus pertenencias, que incluyen una mochila con medicamentos contra el HIV. Al hombre le labraron una contravención y lo detuvieron por un puñado de horas en Combate de los Pozos 155. Había sido detenido en la zona del Ministerio de Educación mientras esperaba por un flete donde cargaría sus petates.


El ex coordinador de la UCEP, Matías Lanusse, le envió una nota al también ex jefe de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Fabián Rodríguez Simón (quien acaba de renunciar a su cargo), donde le informaba que ni su personal ni los vehículos eran de su dependencia y delegó la responsabilidad en el episodio a la comisaría 17ª.


Para el abogado Dios, el párroco Alonso y Fernando Guzmán, del servicio Justicia y Paz de la Iglesia Católica (ver aparte), los testimonios de indigentes que acusan a la UCEP y la policía son confiables. El primero describe: "Nosotros tomamos declaraciones por denuncias permanentemente y tenemos la mínima experiencia para saber si un relato suena verosímil o no. Todos, en este caso, nos resultaron absolutamente creíbles".

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Fútbol, pasión de multitudes. Lo que no cuentan por TV los "revolucionarios" periodistas deportivos de TyC y TN ( Tentáculos parasitarios de Clarín)

UN REVÉS PARA UN INTOCABLE. MAL TRAGO PARA EL ADMINISTRADOR DE TALLERES, EL EMPRESARIO AHUMADA KURTZ



El gerenciador del club cordobés no logró su objetivo de recusar al juez que entiende en la quiebra de la entidad. Por eso, la prórroga del contrato hasta 2014 que pretende está cada vez más difícil. Entonces, amenaza con no traer más refuerzos.



Gustavo Veiga

Demasiadas historias contiene el plato de donde suele servirse Carlos Ahumada Kurtz, pero ninguna alimenta más su perfil de intocable que los miles de dólares desparramados por la provincia de Córdoba. El empresario que administra al club Talleres sufrió un revés judicial el último viernes (la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial no aceptó la recusación que le hizo al juez de la quiebra, Carlos Tale, su adversario declarado) aunque un emisario suyo se las ingenió para cambiar 500 mil dólares en un banco de la Docta como quien necesita unos pesos para tomar un trago. Al personaje hecho a prueba de balas le interesaba que el magistrado se apartara de la causa, pero no lo consiguió. El pedido lo había firmado su testaferro y presidente de Ateliers SA, la gerenciadora del club, Luis Maurilio Fuentes Lemus, un mexicano de quien sospechan Tale y el órgano fiduciario porque están averiguando si tiene los papeles en regla para permanecer en el país.

La buena campaña del equipo en la B Nacional y ciertas promesas materializadas que los hinchas de Talleres valoran (la reinauguración del estadio con iluminación) le dieron oxígeno a Ahumada desde que llegó a comienzos de la temporada. Eso y su demagogia, consistente en regalar camisetas con inscripciones de agradecimiento hacia su persona ("Gracias Carlos Ahumada", decían), le permitieron arraigarse en el anestesiado mundo del fútbol argentino cuando casi nadie lo conocía. Envalentonado, el empresario amenazó con no traer más refuerzos para el próximo torneo y no poner un solo peso más, ni en el plantel profesional ni en el semillero, si no le extienden la concesión hasta 2014. La misma fecha tope que le adjudicó la AFA a la productora Torneos y Competencias (TyC) para controlar los derechos televisivos del fútbol.

Este hombre de negocios que es mucho más famoso en México que en la Argentina (aún lo recuerdan como un ejemplo de lo que no se debe hacer), contribuyó a sacar de carrera a un candidato presidencial, Andrés López Obrador, con unos videos ilegales que a éste le costaron su chance de acceder al gobierno y a Ahumada, la cárcel. Hoy, en su país adoptivo, a Ahumada Kurtz todavía se lo asocia con los dineros turbios del fútbol.

El comentarista deportivo de ESPN, José Ramón Hernández, denunció a fines de octubre presuntos vínculos del narcotráfico con un puñado de clubes mexicanos: Querétaro, Irapuato y Mérida de la Primera División y los Mapaches de Nueva Italia (del Ascenso), el primero que desafilió la Federación Mexicana. Entrevistado para un artículo del diario El Universal, el periodista dijo: "... hay que tener mucho cuidado, lo hemos visto con Carlos Ahumada y lo hemos visto con otros equipos que pasan cosas..."

Un cable de la agencia EFE del 9 de octubre que publicaron varios diarios extranjeros, titulado "La sombra del crimen organizado planea también sobre el fútbol mexicano", finalizaba así: "La Liga mexicana también impidió la presencia en la Primera División del empresario argentino-mexicano Carlos Ahumada, cuando éste compró los equipos de Santos Laguna y León, que perdió tras verse involucrado en un escándalo de desvío de recursos en la capital mexicana".

De Ahumada se dijo de todo hasta ahora, pero nunca había llegado al país la versión de que sería un agente de la CIA. Así lo deslizó otro periodista, Pedro Echeverría, el último viernes en un artículo de la agencia Argenpress. Apenas ocurrido el affaire de los funcionarios de López Obrador (el aspirante a presidente del Partido de la Revolución Democrática, PRD) filmados por Ahumada mientras él mismo les pagaba una coima, éste comenzó su largo camino por el exilio, la clandestinidad y la cárcel hasta que partió hacia la Argentina el 9 de julio del 2007.

Desde que arribó a Buenos Aires, maneja a control remoto sus intereses desde un penthouse de Barrio Norte. Pero en Córdoba, un grupo de socios de Talleres no ha detenido sus denuncias contra él. Reunidos en La Causa, una agrupación interna, dieron a conocer un comunicado de cinco puntos en el que sostienen: "...las reiteradas violaciones al contrato de gerenciamiento por parte de la empresa Ateliers SA, ponen al borde del abismo a nuestra querida institución, el Club Atlético Talleres".

Los asociados, liderados por el joven Nicolás Martínez Dalke, afirman que las irregularidades consisten en la generación de nuevos pasivos como el juicio de la empresa Penalty y los de Rubén Insúa, Roberto Oste y Piero Foglia (todos entrenadores que pasaron por el club), entre otros. Para La Causa son "más que suficientes razones para retirarle la concesión a Ateliers", que preside Fuentes Lemus. También responsabiliza a un abogado, Fabián Barberá (ex integrante del órgano fiduciario del club Belgrano, el otro grande de la provincia quebrado) y a un ex empleado de Talleres, Antonio Pichi Fauro, de intentar perjudicar al club "en conjunto con la empresa Ateliers".

Tras el fallo de la Cámara, el juez Tale salió fortalecido y, Ahumada quedó lejos de continuar en el club y mucho más de obtener su deseo: una prórroga en el contrato de concesión de Talleres hasta 2014. Por lo pronto, como el miércoles pasado abonó por adelantado el canon semestral de 2009 y se puso al día con el personal del club, tiene garantizada la continuidad hasta mediados del año que viene, cuando finalice el campeonato de la B Nacional. Sus amenazas de no invertir en refuerzos ni poner un peso más en las divisiones inferiores apuntan a conseguir la adhesión de los hinchas y a transformarse en víctima de una situación donde otra vez le acaban de cantar jaque.

Ahumada hizo propia aquella máxima de Horacio, el poeta latino: "Consigue dinero ante todo; la virtud vendrá después".

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Día de la raza

Argentinos expulsados de España.
Cuando la deportación es un deporte
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Viajeros que se presentaron como turistas. Un músico planeaba visitar a unos amigos. Una mujer de 66 años fue desnudada y obligada a bañarse. Un matrimonio inició una causa en la Justicia federal.

Gustavo Veiga

Todo comenzó en noviembre con una cadena de contactos entre argentinos residentes en España. Se alarmaron con las detenciones y el maltrato a compatriotas recién llegados a Madrid o Barcelona. En los correos que intercambiaron se informaba sobre casos de viajeros que aducían tener los papeles correspondientes en regla, el dinero para la estadía o una invitación verificable de algún familiar, pese a lo cual se les impedía el ingreso en los aeropuertos. Algunos fueron a parar a Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), como el joven Leandro Steps o, en un trámite más expeditivo aún, a Adela Jesús González, de 66 años, la encerraron en una habitación con otras doce personas, le quitaron la ropa, la hicieron bañar y la deportaron al día siguiente. En la Cancillería admitieron que "están ocurriendo situaciones que motivaron una reacción" del gobierno nacional en el más alto nivel.

Estos hechos sucedieron a fines del mes pasado, aunque se vienen repitiendo durante todo el año. Hay argentinos que sugieren, aunque sin pruebas para demostrarlo, que el Estado español se estaría vengando por "la expropiación de Aerolíneas Argentinas". Con todo, la fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció que hubo un incremento en las deportaciones, a las que calificó como "rechazos seriales" y calificó ciertos casos como "muy delicados y sensibles".

Un canal de televisión catalán consiguió entrevistar al joven músico Steps en uno de los CIE. El video con el reportaje puede observarse en Internet. Con una mirada incrédula y la barba crecida por los días de detención, el muchacho contó: "Me tuvieron encerrado en un calabozo de dos por dos unas cinco horas y después tuve apenas cinco minutos para explicarle a una jueza mi situación. Me hizo cuatro preguntas y nada más. Quería explicarle que yo no tenía ningún interés en quedarme en España".

El diálogo entre Steps y el cronista que lo entrevistaba (por el acento, se percibe que también es argentino) fue interrumpido de manera abrupta por una voz femenina que exigió: "No se pueden hacer fotos, eh". El joven llevaba retenido 24 horas en un CIE de Barcelona y habría estado cinco días más hasta su regreso a la Argentina. En la filmación aparece ante la cámara detrás de un vidrio tipo blindex, que tiene pequeños orificios para permitir escuchar al detenido desde el exterior y una reja de seguridad que disuade de cualquier intento de escape. Steps aseguró que había arribado al aeropuerto con 1500 euros, 600 dólares, tarjeta de crédito, la carta de invitación de un amigo y un día de reserva en un hotel. La aventura del músico, que preveía tocar de manera informal, recorrer la Costa Brava y visitar en París a otro amigo finalizó con la deportación.

El 20 de noviembre pasado, Adela Jesús González, de 66 años, domiciliada en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, llegó al aeropuerto de Madrid con el objetivo de visitar a su sobrino Guido, quien reside en Palma de Mallorca. La señora que tenía todo en regla a excepción de la carta de invitación (argumentó que en un Consulado español de nuestro país le informaron que era innecesaria) fue introducida en una habitación junto a otras doce personas, la obligaron a bañarse, le cambiaron la ropa, le retuvieron objetos personales y al día siguiente la devolvieron a la Argentina.

En la Cancillería aseguran que "se reciben de manera permanente informes sobre los argentinos que tienen dificultades y el servicio consular funciona las 24 horas. Lo que no todos los viajeros saben es que, cuando llegan a Madrid, tienen derecho a comunicarse con el consulado para que un funcionario intervenga si están en problemas y se les aseguren los requisitos exigidos para el ingreso a España". La fuente agregó que "nos agraviamos cuando advertimos que algún argentino cumplió con todos los trámites y sufre las consecuencias de maltrato igual. No estamos hablando de delincuentes. Queremos que se respeten los derechos humanos".

El anteúltimo fin de semana de noviembre, los argentinos residentes en España estimaron que hubo unos dieciocho demorados entre El Prat (el aeropuerto de Barcelona) y Barajas (Madrid), una cifra muy alta si se toma en cuenta que muchos poseen el pasaporte de ese país. Este año hubo muchos más ejemplos de maltrato a los turistas, pero sólo se difundieron mediante las cadenas de correos entre emigrados y las instituciones que reúnen a los argentinos en la península. Los medios, en cambio, amplificaron otros. El 2 de mayo, las autoridades consulares intervinieron y consiguieron destrabar la situación de una joven cordobesa, Beatriz Alfonso, quien había sido demorada en Madrid por espacio de 36 horas cuando intentaba reencontrarse con sus hermanos y conocer a su sobrina. "Yo estaba presa ahí adentro, me dieron comida fría, me trataron mal", declaró. Peor lo habían pasado hace poco más de un año el músico de la orquesta del teatro San Martín de Córdoba Walter Ricardo Vergara y la bailarina María Silvia Alvarez, quienes habían viajado para la boda de un pariente. En El Prat los detuvieron "por no tener profesión alguna, ni medios de vida ni lugar para alojarse en España, así como tampoco dinero para retornar al país", adujeron los dos.

Vergara y Alvarez llevaron su caso a la Justicia federal a principios de 2008, donde demandaron al Estado español y reclamaron un resarcimiento económico. Denunciaron maltrato (dijeron que fueron llamados varias veces "sudacas" por la policía de Migraciones) y que los retuvieron "arbitraria e ilegalmente" durante 48 horas antes de ser deportados.

En España, mientras tanto, se sigue proyectando la construcción de Centros de Internamiento de Extranjeros. El último se decidió levantarlo en la provincia de Zaragoza y ya funcionan los restantes en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Algeciras y Fuerteventura, todas localidades costeras, excepto la capital española. El CIE madrileño se edificó en terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel.

Un estudio que realizó este año la consultora Steps Consulting Social a pedido del Parlamento Europeo, concluyó que los centros españoles tienen "condiciones similares a las de una cárcel, donde los reos están confinados casi todo el tiempo a una celda, con posibilidades limitadas a realizar actividades al aire libre". Además de los CIE, donde se vive en condiciones de hacinamiento, sin atención médica adecuada y en un hábitat semejante al de una prisión, hay más centros que no son considerados como aquéllos, pero donde igual se retiene a extranjeros en condiciones puntuales.

La comunidad argentina no hace distinciones entre unos y otros, aunque a los CIE van a parar, por lo general, los inmigrantes africanos que cruzan el Mediterráneo en precarias pateras. La inquietud por este tipo de instalaciones es compartida por la Cancillería, ya que los centros crecen día a día en las distintas naciones de la UE. "Hay un espíritu restrictivo en la Europa de hoy", concluyó el funcionario que pidió mantener su nombre en reserva.

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