Algo habrá hecho... para que no la quieran

Algo habrá hecho... para que no la quieran

Raúl Dellatorre

¿Qué es lo que impugna la oposición cuando rechaza el pliego de Mercedes Marcó del Pont? ¿Su idoneidad para el cargo? ¿O su pensamiento en materia de política económica? ¿Será que, como dice esa misma oposición, se condenó sola al haberse prestado a facilitar el uso de las reservas internacionales para el pago de la deuda? En todo caso, hay razones de fondo y profundas convicciones que la llevaron a tomar tal decisión. Quizás allí se encuentren los motivos de tan airada resistencia opositora. Ningún miembro de la oposición se atrevió a poner en duda, en privado o en público, la idoneidad y antecedentes de la funcionaria. Hasta hubo elogios a su capacidad de parte de Carlos Menem, antes de votar en su contra. Además de costarle más de una cargada a la funcionaria –hubo hasta quien le sugirió que el riojano la había confundido con María Julia–, la anécdota refleja el desprecio de la Comisión de Acuerdos del Senado por las facultades que le corresponden: evaluar la idoneidad para el cargo de quien es propuesto por el Ejecutivo.

La mayoría opositora de la comisión rechazó el pliego de Marcó del Pont después de escuchar el discurso crispado de la líder derechista Elisa Carrió y los argumentos del ex directivo de la banca de inversión extranjera Alfonso Prat Gay. Dos representantes de intereses económicos bien concretos. Por la defensa corporativa de los grandes capitales que han asumido en reiteradas veces, se entiende por qué se oponen a que el Gobierno pague con reservas propias los vencimientos de deuda y prefieren que salga a endeudarse pagando comisiones a agentes financieros y altos intereses a la banca acreedora.

Los sectores que acompañan la embestida contra Marcó del Pont constituyen un conjunto heterogéneo pero con afinidades. El Peronismo Federal, el radicalismo y los grupos de derecha vinculados con los negocios con el Estado en épocas de dictadura han demostrado, en igual medida, sumisión al capital financiero cuando éste imponía las reglas en la etapa más floreciente del neoliberalismo. Las distintas refinanciaciones ruinosas para el Estado que ayer repasó Cristina Fernández (Plan Brady en los ’90, megacanje en el 2001, pesificación asimétrica en 2002) y otras anteriores, en las que esos mismos sectores hoy en la oposición estuvieron involucrados, no fueron actos de “maldad” de sus autores, sino el producto del sometimiento de los respectivos gobiernos a los grupos financieros dominantes. Esta diferencia de origen también marca un abismo entre los que piden la destitución de Marcó del Pont y esta economista, militante del Plan Fénix, integrante de la Mesa de Coyuntura de la CTA y meticulosa analista y conocedora, como pocos, de la estructura industrial argentina.

Mercedes cree que la pelea no es por su cargo, sino por el modelo económico. Pagar con reservas disponibles es liberar recursos del Estado para mantener las políticas de transferencias sociales y obra pública. Obligar al Estado a buscar financiamiento por 55 mil millones de pesos es sinónimo de recortes de recursos y políticas de ajuste.

Pero la pelea también es por su cargo: sacar a Mercedes del camino es el paso que necesitan los viejos aliados del capitalismo financiero para iniciar el camino de regreso al poder.

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Debates pendientes

Debates pendientes

Raúl Dellatorre

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La compleja situación generada en los últimos días tanto con respecto de las facultades de la autoridad monetaria como respecto del pago de la deuda hubiera suscitado, en otras circunstancias, un profundo debate en torno de cuestiones de fondo largamente postergadas en nuestro país. La autonomía del Banco Central, el uso de las reservas internacionales, el depósito de esas reservas internacionales en cuentas radicadas en Estados Unidos y la falta de entusiasmo, por el contrario, para promover la creación del Banco del Sur como alternativa de entidad supranacional, pero genuina, son algunas de estas cuestiones. Se habría esperado que los sectores de izquierda, algunos con significativa representación parlamentaria y participación en los medios, podrían haber intentado instalar estos debates. Pero no: la derecha (política, económica y mediática) sigue imponiendo los temas centrales de la agenda. Los cuestionamientos de la izquierda, centrados en la consigna del "no pago de la deuda ilegítima" y el planteo de usar los fondos públicos para un programa de políticas sociales, quedaron desdibujados detrás de los ejes que impuso la postura conservadora tradicional o neoliberal. Por falta de audacia en exponer las cuestiones de fondo, los sectores más progresistas quedaron al margen de la pulseada principal y privaron a la sociedad de un debate seguramente más enriquecedor. En definitiva, como si fuera una condena histórica, el Gobierno quedó otra vez "corrido por derecha".

El Gobierno logró sortear la carga de la crisis financiera internacional de los años 2008/2009 sin sobresaltos en materia de tipos de cambio ni daños mayores a la estructura bancaria, dos problemas que caracterizaron la secuela del conflicto tal como lo sufrió buena parte del resto del mundo. Durante ese período, Argentina logró acumular reservas internacionales y, si sufrió un desajuste en las cuentas fiscales, no fue por tener que recurrir a monumentales subsidios a bancos y conglomerados empresarios en riesgo de muerte, como ocurrió en Estados Unidos. Sin embargo, la prudencia demostrada en el manejo de la crisis, aun en medio de un proceso electoral que le fue adverso, no le significó al Gobierno respiro suficiente. Al menos, desde el punto de vista político y en base a las relaciones de poder vigente, el Ejecutivo no parece tener el margen de acción exhibido en otros momentos no tan lejanos, como cuando recuperó el sistema previsional o cuando decidió desplazar a las autoridades privadas de la conducción de Aerolíneas, superando en ambos casos los obstáculos que intentó imponer la oposición.

Lo curioso es que en un asunto que resultaba, en los papeles, más del agrado de la oposición tradicional de derecha que del Gobierno, como es dar satisfacción a la demanda de pago de los acreedores que quedaron afuera del canje de 2005 (los "holdouts"), terminó en una madeja de complicaciones planteadas por esa misma oposición como si tratara de bloquear esa salida. Más preocupante es que la oposición de centroizquierda, que en las últimas elecciones legislativas había recuperado un espacio de representatividad propia, no fuera capaz de cambiar el eje de la disputa planteada por la derecha y terminara entrampada en una discusión en la que, más que forzar una salida "progresista" antes que retrógrada, podría hasta resultar funcional a esta última por acorralamiento del Gobierno.

Cuando la discusión pasó de la creación del Fondo del Bicentenario a la continuidad o no de Martín Redrado al frente del Banco Central, y de allí a la autonomía o no de esta última institución respecto de las políticas económicas decididas desde el Poder Ejecutivo, se verificó un profundo vacío en el debate. ¿Por qué, desde ningún sector de la oposición, se planteó con firmeza la necesidad de un pronunciamiento que cuestionara ese viejo dogma conservador, recogido por la Ley de Entidades Financieras de la dictadura en 1977, de que el Banco Central es una entidad autónoma del poder elegido por el pueblo para gobernar? Hubo, sí, algunas tímidas expresiones en ese sentido, pero sin llegar a tomarse como un eje central de la postura. Tal vez, por la especulación de no acompañar ni fortalecer la posición de Carlos Heller, autor del proyecto de reforma a la Ley de Entidades Financieras que aún el Gobierno no hizo suyo, que quedó peleando contra las facultades otorgadas al Banco Central por la dictadura casi en soledad.

Mientras, la derecha alzaba la figura de Redrado casi como una bandera del republicanismo y hacía del Banco Central un ente intocable como una vaca sagrada en la India. El debate sobre la legitimidad de la autonomía del Banco Central quedó desechado.

Otro tanto pasó cuando el asunto a tratar fue el uso de las reservas. En este caso existió una postura desde el centroizquierda proponiendo un destino distinto para el fondo a constituir con reservas, pero no un debate estratégico sobre qué papel juegan las mismas en un país necesitado de una política de desarrollo y redistribución social ni sobre las atribuciones de un gobierno elegido por la voluntad popular para hacer uso de ellas. El centroizquierda, al conformarse con cuestionar la propuesta coyuntural presentada por el Gobierno para conformar el Fondo de Garantía a favor de los acreedores, se quedó otra vez a mitad de camino.

Dicho de otro modo, distinto hubiera sido el debate si en vez de limitarse a cuestionar al Gobierno, un sector de la oposición se hubiera encargado de debatir con la derecha sobre cuestiones de fondo que tienen que ver con el modelo impuesto entre los '80 y los '90, y en muchos aspectos económicos aún vigente.

Cuando el tema fue el embargo del juez de Nueva York Thomas Griesa contra las cuentas del Banco Central en aquella plaza financiera, volvió a quedar picando otra cuestión de fondo que el centroizquierda dejó pasar de lado. Si bien en este caso se trata de una cuenta operativa y no de depósito de las reservas, no es menos cierto que la plaza neoyorquina es, normalmente, la "elegida" por las distintas autoridades del Banco Central para colocar sus activos de cualquier especie. ¿Nadie tiene nada que decir para cuestionarlo? La derecha lo tiene claro: respaldó al juez Griesa, quien tendría mejor criterio que el gobierno argentino para disponer de los fondos soberanos, a su entender. ¿Y el centroizquierda? No abrió un debate sobre dónde se colocan las reservas internacionales y los fondos para el pago de cuentas externas. Nadie reflotó la idea del Banco del Sur como herramienta autónoma de la región, para habilitarlo como depositario de parte de las reservas y agente de pagos de deudas financieras, y a su vez para el uso de los fondos que le queden disponibles para proyectos de desarrollo e integración regional. ¿No era el mejor momento para tocar el tema?

No se trata de sostener que el Gobierno "hace todo bien" y que todos los que lo critican "están en contra de los intereses nacionales". Eso es parte del debate político Gobierno-oposición que puede tener la validez, o no, de acuerdo con la oportunidad en que se plantea. Acá se intenta abordar otra cuestión: el debate de propuestas transformadoras, los cambios estructurales que hacen falta para poner al sector financiero al servicio de un proyecto de inclusión social por redistribución de riqueza y poder, la eliminación de trabas históricas impuestas por una dependencia económica y financiera que van más allá de las condiciones en que fue planteada esta deuda externa (que, dicho sea de paso, ya casi no tiene puntos de contacto con la pactada durante la dictadura). Nadie espera que estos temas sean puestos en agenda por la derecha. Que estos debates no los plantee el Gobierno, es parte de sus falencias. Que no los plantee una oposición de izquierda o centroizquierda, en cambio, es directamente cuestionador de su propia vigencia como tal, porque desequilibra peligrosamente el panorama de la discusión.

Así plasmadas las cosas, no es de extrañar que todo el debate económico esté corrido tan a la derecha. Y hacia allí quedará recostado, de aquí a las elecciones de 2011, si quienes tienen la responsabilidad de plantear algo distinto –desde el Gobierno o una oposición de centroizquierda– no reaccionan a tiempo.

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El establishment y Lilita Carrió. Chávez, el fantasma que apuesta la derecha.

El establishment y Lilita Carrió. Chávez, el fantasma que apuesta la derecha.

LA NACIONALIZACION DE EMPRESAS EN VENEZUELA Y LA ESPECULACION ELECTORAL DEL ESTABLISHMENT POLITICO-EMPRESARIO LOCAL.

. La postura del establishment local, a la que ayer se sumó Elisa Carrió, intenta mostrar a Techint como víctima de un "atropello estatizante" en Venezuela, buscando asimilarlo a la política oficial local. Una falacia en clave electoral.
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Raúl Dellatorre

La nacionalización de empresas siderometalúrgicas en Venezuela, una decisión que tiene estrecha vinculación con la política de desarrollo sostenida y plebiscitada más de una decena de veces por el gobierno de Hugo Chávez, se metió insidiosamente en la campaña electoral argentina. Insidiosa pero no subrepticiamente, ya que no entró por la ventana sino por un gran portón, llevado de la mano nada menos que del principal grupo empresario con raíz local y de los voceros habituales del establishment, tanto desde el plano gremial empresario como político. El ejercicio intenta reeditar lo sucedido un año atrás, cuando las entidades que representan al sector terrateniente más concentrado (Sociedad Rural Argentina y CRA) pretendieron y lograron arrogarse la representación del "campo" como si fuera un todo, único y con intereses comunes y no contradictorios entre pequeños agricultores y cabañeros o pooles sojeros. Hoy, mientras un cada vez más nutrido núcleo de empresas industriales argentinas se beneficia y desarrolla a partir de los convenios de complementación con Venezuela, en un esquema de integración que tiene escasos o nulos precedentes para Argentina, Techint y el establishment político y empresario pretenden presentar una acción contra el ejercicio abusivo del poder monopólico como "un ataque a los capitales argentinos en el exterior" que debe ser defendido como una razón de Estado.

El viernes pasado, el gobierno venezolano anunció la decisión de iniciar el proceso de nacionalización de cinco empresas siderometalúrgicas. En tres de ellas (Matesi, Tavsa y Comsigua) tiene participaciones el grupo Techint, al igual que en Sidor, nacionalizada semanas atrás. El proceso de traspaso del control de Sidor en favor del Estado venezolano culminó con el pago de una indemnización de 1970 millones de dólares al grupo Techint, que con eso se dio por conforme. Pero, para llegar a ese acuerdo, primero buscó poner al gobierno de Chávez en la piel del brutal expropiador, al igual que busca hacer ahora por estas tres empresas.

Después de la nacionalización de Sidor, era un hecho casi inexorable que sucediera lo propio con los eslabones inmediatos de la cadena, las empresas procesadoras del acero que produce la primera, para transformarlo en insumos intermedios para uso de la industria metalúrgica venezolana. Alegar que "nos tomó por sorpresa" es abusarse de la ignorancia del interlocutor. Lo sabía Techint, lo sabían las empresas que ahora fueron nacionalizadas, así como todo observador que estuviera atento al proceso de transformación del modelo industrial en Venezuela: de un modelo monopólico, atrasado tecnológicamente y de exclusión se pretende ir a un modelo industrial socialista. Para ello, algunos eslabones y resortes pasarán a manos del Estado, sobre todo los ubicados en lugares estratégicos o monopólicos.

Que muchas de estas empresas aprovechaban su situación monopólica para cometer abusos, tampoco es un secreto. La expropiación de Sidor fue el corolario de una serie de denuncias porque compraba el mineral de hierro a una empresa estatal, a precio subsidiado, y luego ofrecía el acero a precios exorbitantes al mercado interno. Si no se lo aceptaban en esas condiciones, lo vendía al exterior a sus propias filiales (México, por ejemplo) pero a precios menores a los anteriores. El caso de Tavsa hoy es semejante. Recibe el acero para producir tubos para la industria petrolera exclusivamente de Sidor (hoy estatal) y le vende una altísima proporción de su producción a Pdvsa (estatal). Pese a esta condición supuestamente de "encierro", la empresa logra fabulosas ganancias, además de tener la "llave" que puede bloquear el proceso de inversiones petroleras.

Por otra parte, mientras que los voceros de las empresas más concentradas demandan "protección al capital nacional" en Venezuela ante una política que supuestamente los ahuyenta, decenas de firmas industriales medianas argentinas están obteniendo contratos que les permiten multiplicar los resultados que lograban con su nivel normal de negocios. Los acuerdos de complementación entre las dos naciones han permitido, desde 2007 para acá, que se instalaran en Venezuela empresas nacionales fabricantes de tractores y maquinaria agrícola que, durante los '90, pasaron por procesos de cierre y liquidación: Roque Vasalli y Pauny son sólo dos ejemplos de ello. La primera de Firmat, Santa Fe, la segunda de Las Varillas, Córdoba, se encuentran en pleno proceso de montaje e instalación de sus establecimientos en tierras bolivarianas. Otras empresas del sector frigorífico seguirán sus pasos, por convenios ratificados durante la última visita de Hugo Chávez a la Argentina, aportando todo el equipamiento para armar la cadena de valor en el interior de aquel país, desde el matadero a la fabricación de calzados.

Esta parte de la historia, la que compete a la industria liviana y mediana del interior del país, está fuera del planteo que realizan la UIA, la Asociación Empresaria Argentina, la Cámara de la Construcción, Techint y Elisa Carrió. El establishment en pleno identificó, ilusoriamente, los intereses de Techint con los de la industria argentina. Ilusoria, pero no inocentemente, porque de esta forma buscó incorporar a la campaña electoral la figura de Chávez, a la que caracteriza con el atropello contra el capital privado, como el irrespetuoso en el trato con los países poderosos, el generador de odio por intolerancia a una oposición que quieren hacer ver como "acorralada" por el abuso en el uso del poder oficial. Y pretenden asimilar al gobierno argentino y a la sociedad política Cristina-Néstor Kirchner con esa caracterización. La táctica de campaña es golpear sobre la imagen; no profundizar, ni por error, en los contenidos.

La candidata Carrió sostuvo ayer, respecto de la nacionalización de las tres empresas vinculadas a Techint, que "está muy claro que Chávez acordó eso con el matrimonio Kirchner, cuando estuvo la semana pasada acá. Se reunió con la Presidenta, contó con el aval del ex presidente y luego vino el proceso de confiscación y apropiación en Venezuela (...). "Esto es muy preocupante para la Argentina, porque el aval de Kirchner a lo que está haciendo Chávez en Venezuela es el modelo de Kirchner, de ganar las elecciones del 28 de junio próximo". El fantasma del "socialismo del siglo XXI" fue convocado imprevistamente a participar en la campaña.

El gobierno nacional intentó evitar prestarse a la polémica. En una escueta comunicación, el ministro de Planificación, Julio De Vido, señaló que "el Gobierno repetirá sin dudar las gestiones de la misma forma que lo hizo ante la nacionalización de Sidor, respetando como ha hecho siempre las decisiones soberanas de otros Estados, pero protegiendo los intereses de los nacionales".

Más enfático, Carlos Heller, primer candidato por el FpV en Capital Federal, dio respuesta. Sostuvo que la nacionalización "es una decisión de los venezolanos, que está en el marco de un proyecto que llama socialismo del siglo XXI". Heller defendió "el libre derecho de nación de elegir el modelo para el desarrollo", frente a lo cual consideró que "es lógico que los empresarios de AEA estén alarmados y horrorizados por lo que pasa en Venezuela, porque defienden el concepto de libertad empresaria para obtener la mayor rentabilidad posible".

No sólo AEA lo defiende. Aunque la oposición de derecha al Gobierno pretende evitar poner en debate qué modelo de acumulación defiende, a veces, sin querer, se le nota.

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