El satánico doctor PRO. Boludo.

El satánico doctor PRO. Boludo.

Rudy

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¿Usted paga sus impuestos? Seguramente sí. Y seguramente, se enoja cuando le llega cada factura de ABL, sobre todo desde que se duplitriplicó, hace un par de añitos, y para muchos vecinos pasó a ser el (IMA) Impuesto al Mauricio Agregado.
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Bueno, vecina, vecino, vecinito. No nos quejemos más, porque todo lo que pagamos nos vuelve. A los que pagan poco, les vuelve poco, y a los que pagan mucho, les vuelve mucho, o viceversa. Pero ha llegado la hora de ser justos y reconocer que al menos la ciudad capitalina les presta a sus vecinos ciertos servicios que serían la envidia de muchos, la pereza de otros, la ira de unos cuantos, la soberbia de algunos, la gula de kilos de más allá, la avaricia de quienes así lo sientan, y la lujuria de... de... ¡No, no quiero decir de quiénes sería la lujuria! ¡No en vano se los conoce como “pecados capitales”, aunque algunos van más allá de la General Paz! ¿Pero, de qué estoy hablando? ¿No lo adivina usted, inteligente lector? ¡Bueno, si usted no lo adivina, seguramente el señor que está a su lado, y que simula tomar un helado de crema de cordero patagónico a la mostaza (hoy en día algunas heladerías venden cualquier cosa con tal de facturar), pero que en realidad lo está espiando a usted... sí, a usted, bueno, él se lo va a poder explicar. ¡Desde hace un tiempo y gracias a que pagamos nuestros impuestos, los porteños gozamos de un servicio de espionaje exclusivo, para que nadie quede sin ser espiado, para que nadie tenga que ir al psicoanalista y sollozar “¡Licenciado, nadie me mira!”, para que todos los porteños sintamos que nuestras espaldas están, si no seguras, si no protegidas, si no custodiadas, al menos secretamente espiadas. Así, si nosotros, nuestra posteridad, o cualquier habitante de la ciudad cometen un acto sospechoso (ser familiar de víctima de un atentado terrorista es un acto sospechoso), el gobierno tendrá conocimiento de sus actos.
Pero no sólo eso. También contamos con otros servicios nuevos. Por ejemplo, ahora podemos ocupar cualquier espacio público, con la absoluta tranquilidad de que no nos vamos a tener que quedar allí, de que van a venir unos señores, o tal vez señoras, o señoritas, con su uniforme oficial de incógnito, o no, y nos expulsarán del lugar, para que podamos volver a nuestras casas, en caso de tenerlas, o no, en caso de no tenerlas.
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Con todos estos gastos, si se llegara usted a enterar de que se achicó el presupuesto de educación pública, no se atreva a quejarse, se dará cuenta de que todos estos nuevos servicios hay que pagarlos de alguna manera y, además, ¿para qué educar a tanta gente, si puede ser más barato espiarlos, o echarlos?
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No se enoje, sólo tenga cuidado con lo que dice, lo que hace, y sobre todo, lo que vota.

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Ellos tienen un plan. Luis Tonelli

Ellos tienen un plan. Luis Tonelli

De Narváez, Duhalde, Barrionuevo, Cobos y la construcción de un clima de fraude electoral

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Francisco de Narváez y los suyos tienen un plan. Claro que lo tienen. Un plan para el 28 de junio por la noche, en caso de perder las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Un plan cuidadosamente elaborado y cuyas fases preliminares ya han sido implementadas con todo éxito: instalar la idea de que habrá fraude en las elecciones bonaerenses y que, si no fuera por eso, la Unión-PRO ganaría las elecciones. El plan culmina en una convocatoria dramática a un cacerolazo masivo, que por dimensión y relevancia tendría un efecto desestabilizador sobre la Presidencia (o sea, “destituyente”, como se lo define en el cerrado y pequeño léxico kirchnerista).

A los spots televisivos en los que jóvenes muy PRO claman por cuidar “nuestro” voto y reclaman por fiscales a una ciudadanía pasiva para evitar que los Otros, “nos roben” las elecciones, han seguido las versiones que mencionan la supuesta falta de cooperación de Eduardo Duhalde y su puñado de leales “paladares negros” para fiscalizar los comicios. Versiones que se ocupan, como al descuido, de señalar la posibilidad cierta de que Unión-PRO sea perjudicado por el fraude.

Inmediatamente, los trascendidos colmaron de alegría a muchos de los referentes kirchneristas, quienes se ocuparon de comentar la noticia ante periodistas y observadores. Con ingenuidad, el oficialismo se clavaba así (quién lo diría) todo el anzuelo de la trampa tendida por sus rivales políticos. Lo que quedaría como residuo en la opinión pública, de todo este cúmulo de versiones, no sería el dato político, completamente intrascendente para el ciudadano común de la “pelea” con Eduardo Duhalde, sino la “evidencia” tremenda de un fraude dado ya por consumado.

Digno colofón a “la más sucia de las campañas electorales de nuestra democracia”, como se la definió periodísticamente, título al que desde el oficialismo se ha contribuido -con su tosquedad acostumbrada- al adelantar unilateralmente las elecciones, al echar mano a las candidaturas testimoniales y al subirse a las denuncias judiciales contra De Nárvaez. Aunque hay que decir que la flaqueza judicial de la causa no eximía de una aclaración contundente de parte del empresario-diputado, que nunca llegó, especialmente para alguien que quiere ser un exponente de la prístina y pura nueva política.

Pero, ¿cómo se generaría la oleada de “indignación” ciudadana la noche de cierre de los comicios?, se le pregunta a nuestro confidente, quien contesta con suficiencia un tanto aburrida: “Será todo muy sencillo. Un ataque a todo nivel. Por un lado, mensajes que saturen los celulares dando cuenta de actos ‘concretos’ de fraude; fotos y videos tomados por celulares ‘mostrando’ boletas tiradas en ‘cuartos oscuros’ armados; declaraciones de ‘ciudadanos’ contando sus problemas a la hora de sufragar. Y que también convocan a la protesta y al cacerolazo. Por el otro, en esquinas seleccionadas de la ciudad de Buenos Aires y de las principales ciudades bonaerenses se concentran ‘ciudadanos indignados’ que hacen batir furiosamente sus cacerolas. Lo demás, lo harán los medios y los formadores de opinión”.

Se retruca a nuestro informante que un cacerolazo no implica la caída de un gobierno, a lo que, enigmático, nos responde: “No me pidan nombres. Hay gente muy grossa y profesional detrás de esto”. Y agrega, un poco más animadamente: “Pero no todos son profesionales. A Duhalde y a Luis Barrionuevo se les fue la mano con sus declaraciones a los medios. Se fueron de mambo. Sobreactuaron, poniendo en duda su actuación. Una cosa fueron los trascendidos de su ‘bronca’ con De Narváez. Otra cosa fueron sus declaraciones a los medios, la tapa de Duhalde en Crítica. ¿Quién puede creerse semejante despliegue de quejas contra Francisco? Si cae el kirchnerismo, los ganadores dentro del peronismo serán Duhalde y Barrionuevo. ¿O te creés la de Reutemann?”.

Son aseveraciones plausibles en los objetivos y en el modus operandi de los conjurados. Al fin y al cabo, los dichos del sindicalista gastronómico recuerdan a su “si dejamos de robar por dos años este país se salva”. Alguien “de adentro”, ya “amortizado” y a prueba de escándalo no puede más que decir, en el plano de sus peculiares “saberes”, la “verdad y sólo la verdad”. Barrionuevo puede “fiscalizar” elecciones, lo que también implica que conoce muy bien cómo se hacen los “fraudes electorales”. Y tampoco es ajeno a “operaciones” desestabilizadoras de relevancia: se recordará la versión publicada en Ámbito Financiero -y nunca desmentida por el sindicalista- que consignó su participación clave en la caída de Adolfo Rodríguez Saá, en su breve paso por la presidencia, en ese verano caliente de 2001. Gastronómicos a las órdenes de Barrionuevo propinaron un cacerolazo estridente al puntano, durante su refugio en la residencia de Chapadmalal. Rodríguez Saá entró en pánico en medio de ese microclima “destituyente” y voló a su San Luis, para despachar desde su sancta santorum su renuncia indeclinable.

Hoy, como entonces, rumores que van y vienen, “operaciones” a diestra y siniestra, encuestas que hablan de una elección cerrada. Un clima sumamente crispado, evidencia incontrastable de que en estas elecciones se ha puesto en juego, ni más ni menos, que el poder político en la Argentina. Todo vale, de un lado y del otro. Pero que todo valga, no significa que todo sea posible, en el supuesto caso de ser querido.

Por lo menos, suena muy extraña la posibilidad de fraude en la provincia de Buenos Aires. Primero, porque es muy difícil la ausencia masiva de fiscales, ya que de resultar alguna mesa no cubierta por los representantes de Unión-PRO, estarán los radicales y seguramente alguna fuerza de izquierda o vecinal. Es inimaginable una mesa bonaerense compuesta solamente por fiscales kirchneristas y con autoridades cómplices.

Segundo, porque uno o dos puntos en el porcentaje de electores, que serían supuestamente suficientes para hacer un fraude exitoso, representan miles y miles de ciudadanos bonaerenses.
Tercero, la presencia de los medios que saldrán a buscar el escándalo.

Nadie niega que las técnicas conocidas para hacer trampa puedan ser efectivas en algún pueblo perdido del noroeste del país, pero no para decidir el resultado en las elecciones bonaerenses.
Pero los argumentos pesan poco cuando el aire está cargado de conspiraciones. Simples coincidencias, felices o infelices, intencionales o fatales, disparan así un cúmulo de interpretaciones aviesas, amalgamándose con otras interpretaciones y trascendidos, multiplicándose las versiones, como flashes en un enceguecedor laberinto de espejos. Eduardo Van der Kooy, desde su columna de Clarín, informa de una versión acerca del adelantamiento de las elecciones presidenciales, que el kirchnerismo “podría efectuar” en caso de una derrota en territorio bonaerense. Tuny Kollman, desde la edición de Página /12 del jueves 18, nos devela, con toda lógica, lo que ese adelantamiento implica: o la renuncia del vicepresidente Julio Cobos, o bien su contracara: que Cobos se haga cargo de la presidencia.

A las versiones sobre un Plan cacerola que se han consignado en esta columna se les sobreimprime naturalmente la foto de Francisco de Narváez con Julio Cobos de la semana pasada, y los pedidos de Elisa Carrió para que el vicepresidente se digne apoyar a los candidatos de la lista del Acuerdo Cívico y Social, del cual él es parte (al menos por carácter transitivo, ya que cuando deje de ser vicepresidente pasará nuevamente a ser afiliado de la UCR, partido que integra el Acuerdo).

Un cúmulo de operaciones, en suma, que amenaza con distorsionar y deslegitimar el núcleo duro sobre el que se asienta la escueta democracia argentina: a pesar de la debilidad de los partidos, a pesar de la fragilidad de sus reglas y controles institucionales, nunca se puso en duda el resultado de nuestras elecciones. Hoy, todo converge para que ese último baluarte de la credibilidad ciudadana pueda quedar vulnerado en lo que se exhibe pornográficamente como una lucha sin límites por el poder.

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De Narváez, el narco-tráfico y Su Sociedad con la Rural. Una Unión PRO

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El PRO: Recordando a Maurizio y Gabriela con el hermano de Lanata



Blanqueando a Unión PRO



Va a estar bueno... decir la verdad

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Rompiendo las pelotas 4008. Días y flores.

Rompiendo las pelotas 4008. Días y flores.

La oposición y los dirigentes ruralistas se unieron contra el Gobierno en una audiencia. Como viejos compinches en el Congreso

.Los legisladores opositores convocaron a una audiencia que terminó funcionando como puesta en escena para que los ruralistas vuelvan a reclamar la anulación de las retenciones. Pidieron una ley de emergencia.

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Fue como un encuentro de viejos cómplices. Los dirigentes de las entidades rurales concurrieron al Senado a una audiencia convocada por legisladores de la oposición. En los discursos, compitieron en las críticas al gobierno nacional, hasta el punto de que resultó difícil decir quién era opositor y quién ruralista. "Nada ha cambiado: los instrumentos con los que nos torturan son los mismos", exageró el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, ante los aplausos de los legisladores. "Sin ley de emergencia estamos a merced del emperador y hay otras leyes que esperan", sostuvo el diputado peronista PRO Felipe Solá, quien hizo su autocrítica por sus años como secretario de Agricultura de Carlos Menem: "Yo creé la Oncca y ahora me quiero cortar las manos", dijo.

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La audiencia convocada por la oposición funcionó como una puesta en escena de los reclamos de los ruralistas de que se bajen o se anulen las retenciones a la soja y otros granos. "La emergencia agropecuaria es la cuestión prioritaria", comenzó la sesión el senador radical Gerardo Morales, quien exigió que el Congreso esté "en sesión permanente". Morales aseguró que la oposición "sigue apostando al diálogo" y le cedió la palabra a los cuatro dirigentes, que se centraron en cuestionar las retenciones. "Las retenciones no han cambiado", sentenció Biolcati, antes de recurrir a su metáfora de la tortura. "Nosotros pagamos impuestos como todo el mundo, pero además pagamos retenciones", se victimizó el tambero, que en los últimos meses había negociado en secreto con el ministro de Planificación, Julio De Vido. "Conservamos la unidad frente a la calumnia, los ataques y las mentiras", consideró. Por último, afirmó que "el Poder Ejecutivo ha destruido la confianza de la gente".

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"Si no se discuten las retenciones no se está discutiendo una política agropecuaria que distinga a los sujetos que producen en el campo argentino", reclamó el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi.

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"La reunión tuvo algunos componentes positivos –admitió sobre el encuentro del martes–, pero queda todo por hacer con la comercialización y las retenciones y el martes hay que ir a fondo con las soluciones", sostuvo. "Es una pena que el oficialismo no quiera discutir los temas", remarcó el titular de CRA, Mario Llambías, sobre la total ausencia de legisladores del oficialismo en la audiencia. "Los argentinos no queremos vivir en un permanente conflicto y no buscamos ventajas particulares", sostuvo el dirigente agrario. "¿De qué sirven retenciones tan altas cuando la producción cae? ¿Por qué no somos inteligentes y bajamos las retenciones?", insistió el presidente de Coninagro, Carlos Garetto, quien acusó al Gobierno de estar "destruyendo la estructura familiar y el aparato productivo del interior del país".

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Luego de aplaudir el concierto de lamentos de los ruralistas, los opositores empezaron por tirarle flores. "No defienden un sector, una parcialidad, sino los intereses colectivos", los ensalzó el jefe del bloque de Diputados de la Coalición Cívica, Adrián Pérez. "Son un ejemplo de unidad para los legisladores", les señaló Solá a los otros opositores. "El Gobierno dice que los hombres del campo son oposición. Pero en el campo hay personas de todas las ideologías. ¡Si todos son opositores, tendrían que revisar en el Gobierno qué hicieron mal!", bramó Solá entre aplausos.

Solá aprovechó para hacer una suerte de autocrítica: señaló que cuando era secretario de Agricultura de Menem creó la Oncca "para combatir la evasión de IVA en los frigoríficos y ahora es un lugar de extorsión, al que roen, es al productor que no lo dejan exportar". Aludió así a los permisos de exportación, llamados ROE. También cuestionó la Ley de Emergencia Económica. "Además de estar mal redactada, tenemos que esperar a que el emperador nos diga si la aprueba o no. Y si es así, aplaudirlo", ironizó sobre el ex presidente Néstor Kirchner.

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"El oficialismo está al borde de perder la mayoría que le aseguraba el silencio", sostuvo el diputado de PRO, Christian Gribaudo, que preside la Comisión de Agricultura. El senador socialista Rubén Giustiniani, por su parte, señaló que "Egipto tuvo cinco plagas y en la Argentina ya tuvimos cuatro". Sostuvo que las cuatro plagas fueron "la crisis internacional, la crisis agropecuaria, la sequía y la crisis de credibilidad". "Para no esperar una quinta plaga, este Parlamento abre las puertas", anunció la entrada de la oposición al ring del conflicto con las entidades rurales.

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Evidencias

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Putas 2000 y nada más, esa es la cuestión

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J. M. Pasquini Durán

La evidencia estridente del carácter ideológico-político de la hostilidad antigubernamental, pese a los distintos disfraces que utiliza, la proporcionó el sitio "on-line" del matutino La Nación, tribuna dogmática del antiperonismo, cuyos redactores deben referirse al golpe de Estado de 1955 sin comillas y con las primeras letras en mayúscula cuando escriban "revolución libertadora", y cuyo lenguaje editorial por años mencionó a Juan Perón como el "tirano prófugo". Pese a esos antecedentes, esta semana reprodujo en texto y video fragmentos de un discurso de 1973 del fundador del justicialismo que condenaba el saqueo de las cajas de jubilaciones por el gobierno de los "libertadores", usando la cita como argumento suplementario al rechazo actual, treinta y cinco años después, de la decisión de la presidenta Cristina de unificar al régimen previsional en el sistema solidario de reparto del Estado. De donde el diario centenario de los Mitre resultaría el severo guardián de la pureza doctrinaria del peronismo, sugiriendo que el actual gobierno la estaría traicionando. En algo no le falta razón al matutino porteño: los privatizadores de los años '90 eran peronistas del menemato y realizaron el saqueo en nombre de la presunta modernización del legado partidario.

Como sucedió con otras privatizaciones, la del sistema previsional fue un excelente negocio para algunos grupos económicos que se apropiaron del bocado leonino y pésimo para la salud fiscal de la nación. Un estudio sobre "La cuestión tributaria en la Argentina" de julio de 2005, advertía sobre las consecuencias: "Si se suman los efectos de las desgravaciones de cargas patronales nacionales (el más importante de los recursos cedido por las políticas de 'devaluación fiscal') y la cesión de recursos públicos a favor del nuevo sistema de capitalización instituido desde mediados de 1994, el total de los ingresos que el Estado nacional dejó de percibir sumó unos 63.000 millones de pesos constantes durante el período 1994-2001, equivalente a un promedio anual de unos 2,8 puntos del PBI. En otras palabras, el drenaje de estos recursos explicó la mayor parte (casi las tres cuartas partes) del desbalance fiscal de ese período" (Cefid-AR, J. Gaggero y F. Grasso, 2005). El cálculo abarcaba la mitad del período de funcionamiento de las AFJP, por lo que no es exagerado redondear, como hizo Amado Boudou, titular del Anses, para estimar en 100.000 millones el costo para el Estado de catorce años de jubilación privada. A esta altura, además, el Tesoro público tenía que aportar 4000 millones anuales para completar el mínimo jubilatorio del régimen de capitalización. En las actuales circunstancias críticas mundiales, cuando hace falta blindar las finanzas nacionales, ¿sería sensato seguir soportando semejante hemorragia? Nadie puede negar que hay razones valederas para desconfiar de la administración estatal después de décadas de malversación y fraude de los fondos previsionales. Antes de Kirchner, hacía doce años que los jubilados no recibían ningún reajuste en sus haberes. En los últimos cinco años fueron actualizados trece veces y acaba de sancionarse una ley que establece la movilidad automática dos veces por año para que no dependan de la discrecionalidad de ningún gobernante. En la próxima ley del sistema integrado de previsión, los congresistas tendrán que incluir los recaudos necesarios para evitar que el día de mañana no reaparezca la tentación de meter mano en esa caja para cubrir gastos generales. Sería mejor, sin duda, que las previsiones legislativas pudieran abarcar la dimensión completa del problema, cuyas repercusiones llegan hasta la coparticipación federal, y que el futuro sistema fuera instalado en un Estado reformado y de verdad modernizado a la altura de los tiempos. Debería ser así, a lo mejor, pero no siempre lo bueno va de la mano con la excelencia. Es lo que hay, por ahora, y vale la pena recuperar al sistema para los principios de origen basados en el concepto de la solidaridad social.

Ya que se trata de una reforma estructural, según la presentación presidencial, algunos críticos sostienen que debería tomarse el tiempo necesario para abrir un vasto debate y una prolongada reflexión. En tiempos normales el razonamiento tiene validez plena, pero con ese criterio el Congreso norteamericano debió esperar al nuevo presidente para decidir sobre las medidas extraordinarias y multimillonarias dedicadas al rescate de gigantescas corporaciones que estaban derrumbándose con más ímpetu que el Muro de Berlín. Hay momentos en que esperar por la cirugía puede costar la vida del padeciente. Otros invocan la seguridad jurídica, pero vale en este caso recurrir otra vez a los datos de la historia. Un estudio sobre "El proceso de privatización en la Argentina", avalado por la Universidad Nacional de Quilmes, deja constancia del asunto: "La tan declamada 'seguridad jurídica', particularmente en el ámbito de las privatizaciones, parecería quedar en un segundo plano cuando se trata de preservar las rentas de privilegio de las que gozan las empresas de servicios públicos, en detrimento, cabe resaltar, de la 'seguridad jurídica' de los usuarios" (D. Aspiazu y otros, edit. PáginaI12, 2002). ¿Acaso el régimen de capitalización no podía ser considerado un servicio público? Por lo demás, tal como se puede ver en estos días, cuando se desploma el libre mercado, lo único que queda en pie siempre es el Estado con la obligación de reiniciar el ciclo.

Los que en estos días opinan que la iniciativa previsional del Gobierno debilita el mercado de capitales, deberían escuchar un poco a Roberto Mangabeira Unger, ministro de Asuntos Estratégicos de Brasil desde hace un año y medio, filósofo, jurista y profesor de Harvard, con 61 años de edad y acento norteamericano en sus palabras: "Debemos intentar salvar la producción y no los bancos". Tiene una visión optimista del porvenir: "Después de la crisis, los países de la región tendrán la posibilidad de acoplarse a un nuevo orden mundial para un auténtico desarrollo". El ministro de Lula se declara de izquierda, pero la posibilidad del nuevo orden también la formula el conservador francés Nicolas Sarkozy y el mismísimo George W. Bush convocó a una reunión internacional, a la que está invitada la presidenta Cristina, para intercambiar opiniones sobre lo que será del mundo después del terremoto. Mangabeira mira el futuro con advertencias: "Hay que mantener el nivel de crédito, sin prejuicios ideológicos, como está haciendo Estados Unidos, que demuestra otra vez que ellos son libres de los prejuicios ideológicos que les recomiendan a otros". Entre las opiniones del ministro que circularon esta semana por el ciberespacio, incluyó un juicio crítico sobre el Mercosur y Unasur: "Les falta corazón y cerebro. Queda claro cuando los comparamos con la Unión Europea (UE). La esencia de la UE no es el comercio ni el dinero; es un ideario, en tanto nosotros dedicamos menos del uno por ciento del tiempo a discutir ideas".

La crítica se ajusta a la realidad de la política criolla, aunque no haya sido dirigida en particular. El Gobierno toma iniciativas tan importantes y atendibles como la reforma previsional, pero luego, cuando se desata el temporal de críticas fabricadas por los recursos y las influencias mediáticas de los grupos económicos que pierden la rentabilidad privilegiada que les regalaron en los años '90, el Gobierno pierde fuerza porque su aparato político no se mueve. La presidenta Cristina, como antes lo hacía Néstor, tiene que salir cada día a repetir argumentos a favor de sus propias iniciativas. Así, las batallas por el corazón y la conciencia de los ciudadanos –como ocurrió durante el conflicto con "el campo"– quedan a merced del bombardeo en los medios, compensado sólo con cinco o diez minutos diarios de la voz presidencial. El Gobierno carece de una adecuada política de información y de formación de opinión pública. La oposición poco contribuye al debate de ideas, porque en general reacciona con piloto automático. Es previsible que el PRO y la Coalición Cívica, que disputan la representación del centroderecha, se opongan a cualquier iniciativa gubernamental de carácter progresista, pero que la Unión Cívica Radical se oponga a un proyecto que atiende a su posición tradicional contra el régimen de capitalización, sólo para estar en contra, no tiene justificación ni lógica políticas, sobre todo cuando ese partido pretende celebrar el próximo 30 la refundación democrática, un compromiso de todos, que comenzó en el año 1983, como si fuera un mérito individual.

El PRO no sólo se opone a los proyectos del oficialismo para ganarse el liderazgo de la derecha: sus políticas en la ciudad, en particular hacia la educación pública, corresponden más con los años '90 que con la actualidad. Mientras Mauricio Macri dice en la tele que quiere recuperar la excelencia de la escuela pública, elimina becas, suspende la distribución de implementos escolares y rechaza las demandas salariales de los maestros. Por suerte, la Legislatura decidió que la oposición no está sólo para criticar sino para formular alternativas y toda la oposición reunida logró destrabar, al menos en parte, la negociación con los sindicatos docentes. Lo que suceda en la ciudad no sólo importa porque es la capital del país, sino porque allí hay un ejercicio de prueba sobre lo que puede esperar el ciudadano de la nueva derecha nacional.

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