Carlos Reutemann y sus muertos
El lado oscuro de Carlos Reutemann: nepotismo extremo y víctimas por represión e inundaciones.
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Politica
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Operación chiquita y simple, tan simple como el Lole mismo: él, más un asesor y medio de imagen, habrán hecho la temerosa cuenta elemental. Visto y considerando el mapa de la fragmentación opositora, habrá levantado un dedito detrás del otro. “Este se lleva 17%, este otro 16%, aquel 14 y medio, por allí veo un 22. Má sí, yo me largo.” Lo resumió bien un periodista en Santa Fe, Juan Manuel Berlanga: “Cuando tenía que soportar, soportó. Cuando el clima de crispación subía el rating, crispó. Cuando no tenía que aparecer, se mudó a un sótano. Al tercer día resucitó y chicaneó con el choreo de la Plaza y la Rosada”.
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El Lole, espasmódico extremo, pretende acaso volver a ser Esperanza Blanca del establishment mediático. El mismo que con centro en la Capital, un poco por desprecio al país federal, otro mucho por proteger a los candidatos rubios, hace un trabajo de desmemoria sistemático con la biografía política del ex corredor. Hay por lo menos cuatro ejes poderosos en esa biografía que la comunicación hegemónica oculta con eficaz delicadeza: las privatizaciones y negociados que se hicieron en su gobierno, la tragedia y los muertos por la inundaciones del año 2003, los otros muertos por la feroz represión en diciembre del 2001 y por último, el menos recordado aunque se trate de un rubio político “institucionalista”, los altísimos niveles de nepotismo político (ver recuadro) que Reutemann inauguró en su provincia apenas inició su gestión como gobernador, aprendiendo de Menem, para protegerse.
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Esos niveles de nepotismo, con redes que hasta hoy llegan al Poder Judicial y la Corte Suprema de la provincia, puede que expliquen el hecho de que Reutemann jamás dio explicaciones ante la Justicia por los fusilamientos del 2001, como sí debió hacerlo Fernando de la Rúa en un mapa institucional más complejo que el de una ciudad o una provincia. Fue el gobernador Hermes Binner el que sacudió la desmemoria colectiva el año pasado cuando dijo que “Indudablemente la orden (de reprimir) la dio el poder político y la policía, sin más, cargó contra los que protestaban y hubo siete muertos”.
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Olvidos casuales. Reiteradamente la impunidad del Lole fue criticada por diversos actores políticos y sociales santafesinos. El secretario adjunto de la seccional Rosario de ATE, Gustavo Martínez recordó más de una vez que “Santa Fe fue la provincia con mayor cantidad de víctimas fatales durante la represión de diciembre del 2001”, y que “aún nadie ha rendido cuentas por los 23 muertos en la inundación” de abril de 2003 en la ciudad. El sindicalista integró la Comisión Investigadora No Gubernamental de la Masacre de Diciembre de 2001. Desde ese lugar recordó que el ex gobernador diseñó un gabinete generoso en represores y antiguos funcionarios de la última dictadura, como el ministro de Hacienda, Juan Carlos Mercier, que ocupó un cargo similar durante el régimen genocida. O secretarios de Seguridad como el teniente coronel Rodolfo Riegé, “responsable de 40 desapariciones forzadas de personas”, y Enrique Álvarez, “quien formó y forma parte de la Side desde marzo de 1976”.
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No se trata sólo de los fantasmas del pasado con que se rodeó el Lole sino de los datos duros y concretos surgidos de las investigaciones sobre la represión desatada en el Gran Rosario en 2001 y de las que se desprenden conclusiones estremecedoras: cuatro personas fueron fusiladas antes que De la Rúa dispusiera el estado de sitio, el dispositivo represivo fue tan impresionante que actuaron las Tropas de Operaciones Especiales, la Dirección de Drogas Peligrosas y todas las reparticiones de la fuerza, “inequívoco indicio –escribió el periodista Carlos Del Frade– de que la orden provino de la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por Enrique Álvarez, dependiente del Ministerio de Gobierno”.
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Los testimonios acumulados demostraron que ese despliegue policial adoptó la forma de una emboscada diseñada en el contexto de una protesta pacífica, que la represión estalló sincronizada y sin provocación, con la súbita irrupción de patrulleros y disparos a mansalva desde el interior de los vehículos, que se produjo el típico enredo deliberado de órdenes, que no hubo tareas de dispersión de manifestantes sino de persecución y gaseadas hasta el interior mismo de las viviendas, que se destruyeron pruebas y se desobedecieron las instrucciones dictadas por el juez a cargo, que se amenazó e intimidó a familiares de las víctimas y a testigos, que se fabricó una causa penal contra una de las víctimas (caso Lepratti), que se usaron armas letales y munición de plomo.
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No puede sorprender en ese contexto el caso de la muerte de Juan Marcelo Delgado, de 28 años, rematado con cinco balazos. En su cuerpo quedaron cinco orificios de armas de fuego de distintos calibres. Cuatro proyectiles quedaron incrustados dentro del abdomen.
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Yo no fui. Clarín, TN, La Nación, América, nadie quiere recordar aquellos hechos. Reutemann la juega de víctima cuando se los recuerdan. La actitud fue similar cuando el desborde del río Salado que asoló la ciudad de Santa Fe en 2003. Dos de sus frases de entonces: “A mí nadie me avisó”, “Estoy haciendo de intendente y de ingeniero y no soy ni intendente ni ingeniero”. Según las denuncias iniciadas en aquellos años el río se derramó sobre la ciudad por un tramo de defensa –600 metros de vacío que debían completar todo un anillo– que… fue inaugurado tres veces.
Una investigación de la revista Tercer Mundo demostró que si se hubiera completado ese tramo de la defensa “se hubiera evitado el ingreso de la masa hídrica que inundó la mayor parte de la ciudad” y que cuando se produjo la catástrofe la contención de emergencia “se hizo en cinco días, por lo que quedó en evidencia la desidia del Gobierno”.
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Saber protegerse. Carlos Reutemann nunca purgó sus responsabilidades ni por los muertos del 2001 ni por los del 2003. Es más que verosímil explicar el hecho por las redes de protección políticas, judiciales y mediáticas. Cantidad de parientes y amigos de Carlos Reutemann fueron designados en cargos estratégicos que llegan a la misma Corte Suprema provincial, que en diciembre pasado volvió a elegir como su presidente a Rafael Gutiérrez, primo del ex corredor.
En Santa Fe circula este chiste:
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–¿Te enteraste de que el juez Fulano quiere echar al perro de la puerta de Tribunales?
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–¿Por qué?
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–Porque quiere poner al suyo.
