Los radicales y Barrionuevo
.Una estrategia funcional a Juan José Zanola y la mafia de los medicamentos.
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Daniel Olivera
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Juan José Zanola sigue preso en el penal de Marcos Paz, pero eso no significa que la denominada “mafia de los medicamentos” que salió a la luz con su detención, esté desactivada, ni mucho menos.
Su influencia –a través de un intrincado circuito político-sindical-judicial que incluye a menemistas de paladar negro como el gastronómico Luis Barrionuevo, a radicales con ambiciones presidencialistas como Ernesto Sanz, “ex Side” como Miguel Angel Toma, y a una operadora judicial históricamente ligada al radicalismo y asesora full time de Zanola, como la abogada Claudia Balbín– fue escalando en silencio hasta llegar al Consejo de la Magistratura, para desde ese cuerpo, acorralar (en el sentido literal de la palabra, buscando “encerrar”, “acotar”, “estrechar” el margen de acción) al juez federal, Norberto Oyarbide, con una citación y agitando desde los medios el fantasma de una siempre latente destitución.
Los argumentos centrales por los cuales se lo cita a Oyarbide fueron preparados durante varias semanas por los propios abogados de Zanola (bajo la estricta dirección técnica del estudio de Claudia Balbín), con el auxilio invalorable de la “central de inteligencia” paralela financiada en buena parte por la Uthgra de Barrionuevo y operada por el ex titular de la Side durante el gobierno de Eduardo Duhalde, Miguel Angel Toma. Sólo así se puede entender que un juez federal sea citado por el Consejo de la Magistratura para dar explicaciones, con “pruebas” tan “sólidas” como un par de carpetas con prolijos recortes de diarios, más de media docena de cintas de VHS y decenas de captura de pantalla de google. Por lo menos, eso es lo que se desprende del expediente judicial abierto –al que accedió Miradas al Sur– donde los denunciantes de Oyarbide (los abogados de Zanola) sostienen que “sus manifestaciones publicas [N. de R.: las de Oyarbide] durante los días 4 al 14 de septiembre del corriente año [2009] constituyeron verdaderos comunicados de prensa matutinos y vespertinos, que además de expresar una información absolutamente parcial, revelan principalmente la subjetividad del juez, que lejos de ocultar su protagonismo explicitan su convicción de la culpabilidad de nuestros clientes a los cuales ni siquiera convocó a prestar declaración en forma debida” (fs. 27).
Los abogados de Zanola también sostienen que “el juicio ‘mediático’ llevado adelante por el Dr. Oyarbide con comentarios inapropiados ha configurado una flagrante violación del principio de inocencia y del derecho de reserva derivado éste del primero, que confluye en la prohibición de efectuar comentarios que pongan en duda la inocencia de personas sujetas a un proceso” (fs. 27).
Agregan que “es obvio y surge de las diversas manifestaciones efectuadas por el propio juez, que éste no sólo olvidó estos mandatos, sino que por su inapropiada conducta ha permitido además que los acusadores hayan socavado el principio de inocencia, instrumentando una campaña difamatoria de prensa, creyendo que el reproche debe ser ventilado fuera de los Estrados Tribunalicios” (fs. 27 vta.).
Sostienen que “esta vía mediática elegida por el juez pone en crisis el buen orden de los procesos y resquebraja la garantía de imparcialidad con la que debe contar todo ciudadano frente a un juez” (fs. 28).
Finalmente, solicitan “al señor Presidente arbitre los medios que la Ley 24.937 autoriza para encausar la actividad de comunicación del juez, imponiendo las medidas disciplinarias que corresponda y evitando así daños reparables” (fs. 28).
Acompañan los denunciantes a su presentación artículos de prensa de diversos medios periodísticos (fs. 1/20), y copia de un escrito de recusación al Dr. Oyarbide presentado en el marco de la causa N° 1787/07 “Farmacia Científica Santa Cecilia y otros s/trafico de mercaderías peligrosas para la salud” que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5 (fs. 21/25).
En el escrito de recusación que acompañan, los abogados de Zanola agregan además que “en el diario El Cronista Comercial –versión online del 11 de septiembre del año en curso [2009], que se adjunta, V. S. manifestó: ‘El cerco se cierra cada vez más para Zanola y en pocas horas va a ser convocado a dar explicaciones, como así también la pareja de Zanola en cuanto a su relación con la mafia de los medicamentos’” (fs. 21 vta.). Expresan que “Conforme surge de los registros obrantes en la página Google ‘on line’ se reproducen diversas declaraciones efectuadas por V. S. a distintos medios, explicitando su convicción que el Dr. Juan José Zanola y su señora Paula Aballay están vinculados estrechamente a la mafia de los medicamentos, promoviendo ahora la intervención de la obra social no obstante no haber encontrado medicamentos falsos de ninguna especie” (fs. 22).
¿Cómo lograron los abogados de Zanola el favor de un sector de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura? Para buscar las respuestas hay que retrotraerse veinticinco años en la historia y recordar los vínculos político-comerciales que tejió Luis Barrionuevo con el radicalismo, por entonces en el gobierno. Buena parte del crecimiento y consolidación del gastronómico como dirigente de peso en el sindicalismo deviene de aquellos años, con la UCR en el poder, cuando él comenzó a hacer crecer a su gremio y a las obras sociales satélites que manejaba con gran habilidad.
Si se analiza el proceso formal que se llevó adelante en el Consejo de la Magistratura sobre el caso Oyarbide, surge que el pasado 11 de febrero se reunió la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura y en el orden del día se trató la denuncia de Federico Guillermo Figueroa y Mario Fenzel (los abogados de la defensa de Juan José Zanola en la causa de los medicamentos) contra el juez Norberto Oyarbide. Ese día, la votación quedó empatada cuatro contra cuatro. Por reglamento desempata el presidente de la Comisión, que tendría así doble voto. Diana Conti es la presidenta, por lo que el dictamen de mayoría que se elevó al plenario recomendó la desestimación de la denuncia. Votaron en ese sentido Diana Conti (dos veces), Nicolás Fernández, Héctor Masquelet y Luis María Bunge Campos. Con dictamen de minoría que pedía que se citara al juez para que hiciera sus descargos, votaron Luis María Cabral, Ernesto Sanz, Santiago Montaña y Mariano Candiotti.
Esta semana, en el plenario del jueves pasado, se trató la denuncia contra el juez, con el consejo de dictamen de mayoría que se aprobó en Comisión. Sin embargo, ya con la presencia de todos los consejeros, se desestimó este dictamen, que tiene solo carácter de consejo hacia el plenario, y se aprobó el dictamen de minoría por siete votos contra seis. Por la citación del juez votaron Pablo Mosca, Ernesto Sanz, Luis María Cabral, Santiago Montaña, Oscar Aguad, Juan Gálvez y Mario Candiotti. Por desestimar la denuncia votaron Diana Conti, Luis María Bunge Campos, Carlos Kunkel, Héctor Masquelet, Marcelo Fuentes y Nicolás Fernández.
De acuerdo con el dictamen de minoría se le aplica así el artículo 20 del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación “por cuanto, prima facie, su conducta configuraría, en principio, una falta disciplinaria (art. 14 A) inc. 5 y 7 de la ley 24.937 y modificatorias), derivando de tal circunstancia en una ‘afectación grave del servicio de justicia’”. De allí que ahora el expediente vuelve a la Comisión de Disciplina y Acusación para establecer fecha y hora de la citación.
¿Cómo y quien logró que “la minoría” en la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo se transformara en “mayoría” circunstancial? Tanto fuentes de la propia Comisión del Consejo como de ex funcionarios que siguen el caso con extremo interés por tener documentada toda la trama que involucra a la llamada”Mafia de los Medicamentos” le confirmaron a Miradas al Sur que la citación a Oyarbide fue impulsada con el aval político de los radicales Ernesto Sanz y Osar Aguad por razones “netamente políticas” (incluso también le cuestionarían un trato dispendioso con los gastos de su investigación) y el armado estratégico de Claudia Balbín. La misma que urdió la pegatina de afiches del pasado 21 de setiembre, buscando “embarrar” la causa que que llevaba adelante Oyarbide.
¿Cómo Balbín se convirtió en la operadora judicial en las sombras de Zanola? A través de la relación laboral que mantuvo en los últimos años con Néstor Lorenzo, propietario de la droguería San Javier.
Balbín, una asidua viajera a Estados Unidos y Uruguay, supo tener entre sus principales clientes al empresario tecnológico y de juegos de azar Miguel Ángel Egea, vinculado históricamente al Servicio de Inteligencia Naval y quien supo acrecentar sus negocios durante la pasada dictadura militar.
La mujer, que durante el gobierno de la Alianza colaboró con Nicolás Gallo en el Ministerio de Infraestructura, también tejió vínculos con el financista Carlos Forlano, responsable de la financiera Prever, y con Miguel Ángel Toma, con quien intentó quedarse con el negocio del sistema de control de tránsito y semaforización de la Ciudad de Buenos Aires bajo la actual gestión de Mauricio Macri.
Por su lado, y atenta a los pasos de la investigación de la “Mafia de los medicamentos”, Graciela Ocaña salió en los últimos días a hacer público su apoyo irrestricto a la labor de Oyarbide. La ex ministra de Salud dice tener sólo “palabras de admiración” para el juez federal y su equipo de trabajo y cree que Oyarbide en realidad confirmó su hipótesis de que la “Mafia de los medicamentos” con Zanola a la cabeza se dedicaba “al lavado de activos”. ¿Cómo funcionaba ese sistema de “lavado”? Para Ocaña el mecanismo es bastante claro: Por un lado está el recupero de fondos por tratamientos muy costosos que nunca se dieron a los pacientes y que genera dinero, y por otro lado, la falsificación de medicamentos costosos también. A esos fondos se los hacía pasar por distintas cuentas para que no se les pudiera seguir el rastro. Una parte pasó por cooperativas de créditos, que colocaban los cheques en otras cuentas y al final del día todo ese dinero se retiraba en efectivo. Algunas manejan entre seis y ocho millones de pesos por día, según lo que pudo investigar durante su paso por la el Ministerio de Salud.
De esa manera, Ocaña volvió a plantear el centro de la cuestión: cómo quiénes integraban la mafia de los medicamentos para el lavado de fondos, evitando caer en la celada pergeñada por la abogada Balbín, operada por el tándem Barrionuevo-Toma y puesta en práctica por los radicales Sanz y Aguad.
Lo que nadie, ni propios ni extraños, logran desentrañar, es la extemporánea aparición pública del integrante de la Comisión de Acusación y Disciplina, Luis María Cabral, que en declaraciones a los medios –el viernes– salió a aclarar que la actuación de Oyarbide “no aparece como una cuestión que vaya a abrir un proceso de remoción luego de que se escuche su descargo”.
Cabral, de quien no se conocían apariciones públicas en los medios, anticipó que “hay una investigación relativa a la forma en la cual se ha manifestado (por Oyarbide) en causas que están en trámites a su cargo. Incluso, la Corte Suprema tiene establecido una normativa acerca de las limitaciones que tienen los jueces para manifestarse públicamente sobre causas que están a su conocimiento”, explicó en declaraciones radiales.
Así, como en una novela de enredos, el propio Cabral, que el jueves 18 votó a favor de citar a Oyarbide al Consejo de la Magistratura por considerar que se había extralimitado en sus apariciones mediáticos durante el transcurso de la causa contra Zanola y la mafia de los medicamentos, ahora sale a explicar a los medios cómo y por qué lo citaron y lo que es más insólito aún, anticipó de qué tenor sería la sanción –si es que existe sanción– o el apercibimiento para Oyarbide.
O sea, que mientras por un lado acusa al juez de mediático, él mismo se convierte en un “mediático”.
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Juan José Zanola sigue preso en el penal de Marcos Paz, pero eso no significa que la denominada “mafia de los medicamentos” que salió a la luz con su detención, esté desactivada, ni mucho menos.
Su influencia –a través de un intrincado circuito político-sindical-judicial que incluye a menemistas de paladar negro como el gastronómico Luis Barrionuevo, a radicales con ambiciones presidencialistas como Ernesto Sanz, “ex Side” como Miguel Angel Toma, y a una operadora judicial históricamente ligada al radicalismo y asesora full time de Zanola, como la abogada Claudia Balbín– fue escalando en silencio hasta llegar al Consejo de la Magistratura, para desde ese cuerpo, acorralar (en el sentido literal de la palabra, buscando “encerrar”, “acotar”, “estrechar” el margen de acción) al juez federal, Norberto Oyarbide, con una citación y agitando desde los medios el fantasma de una siempre latente destitución.
Los argumentos centrales por los cuales se lo cita a Oyarbide fueron preparados durante varias semanas por los propios abogados de Zanola (bajo la estricta dirección técnica del estudio de Claudia Balbín), con el auxilio invalorable de la “central de inteligencia” paralela financiada en buena parte por la Uthgra de Barrionuevo y operada por el ex titular de la Side durante el gobierno de Eduardo Duhalde, Miguel Angel Toma. Sólo así se puede entender que un juez federal sea citado por el Consejo de la Magistratura para dar explicaciones, con “pruebas” tan “sólidas” como un par de carpetas con prolijos recortes de diarios, más de media docena de cintas de VHS y decenas de captura de pantalla de google. Por lo menos, eso es lo que se desprende del expediente judicial abierto –al que accedió Miradas al Sur– donde los denunciantes de Oyarbide (los abogados de Zanola) sostienen que “sus manifestaciones publicas [N. de R.: las de Oyarbide] durante los días 4 al 14 de septiembre del corriente año [2009] constituyeron verdaderos comunicados de prensa matutinos y vespertinos, que además de expresar una información absolutamente parcial, revelan principalmente la subjetividad del juez, que lejos de ocultar su protagonismo explicitan su convicción de la culpabilidad de nuestros clientes a los cuales ni siquiera convocó a prestar declaración en forma debida” (fs. 27).
Los abogados de Zanola también sostienen que “el juicio ‘mediático’ llevado adelante por el Dr. Oyarbide con comentarios inapropiados ha configurado una flagrante violación del principio de inocencia y del derecho de reserva derivado éste del primero, que confluye en la prohibición de efectuar comentarios que pongan en duda la inocencia de personas sujetas a un proceso” (fs. 27).
Agregan que “es obvio y surge de las diversas manifestaciones efectuadas por el propio juez, que éste no sólo olvidó estos mandatos, sino que por su inapropiada conducta ha permitido además que los acusadores hayan socavado el principio de inocencia, instrumentando una campaña difamatoria de prensa, creyendo que el reproche debe ser ventilado fuera de los Estrados Tribunalicios” (fs. 27 vta.).
Sostienen que “esta vía mediática elegida por el juez pone en crisis el buen orden de los procesos y resquebraja la garantía de imparcialidad con la que debe contar todo ciudadano frente a un juez” (fs. 28).
Finalmente, solicitan “al señor Presidente arbitre los medios que la Ley 24.937 autoriza para encausar la actividad de comunicación del juez, imponiendo las medidas disciplinarias que corresponda y evitando así daños reparables” (fs. 28).
Acompañan los denunciantes a su presentación artículos de prensa de diversos medios periodísticos (fs. 1/20), y copia de un escrito de recusación al Dr. Oyarbide presentado en el marco de la causa N° 1787/07 “Farmacia Científica Santa Cecilia y otros s/trafico de mercaderías peligrosas para la salud” que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5 (fs. 21/25).
En el escrito de recusación que acompañan, los abogados de Zanola agregan además que “en el diario El Cronista Comercial –versión online del 11 de septiembre del año en curso [2009], que se adjunta, V. S. manifestó: ‘El cerco se cierra cada vez más para Zanola y en pocas horas va a ser convocado a dar explicaciones, como así también la pareja de Zanola en cuanto a su relación con la mafia de los medicamentos’” (fs. 21 vta.). Expresan que “Conforme surge de los registros obrantes en la página Google ‘on line’ se reproducen diversas declaraciones efectuadas por V. S. a distintos medios, explicitando su convicción que el Dr. Juan José Zanola y su señora Paula Aballay están vinculados estrechamente a la mafia de los medicamentos, promoviendo ahora la intervención de la obra social no obstante no haber encontrado medicamentos falsos de ninguna especie” (fs. 22).
¿Cómo lograron los abogados de Zanola el favor de un sector de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura? Para buscar las respuestas hay que retrotraerse veinticinco años en la historia y recordar los vínculos político-comerciales que tejió Luis Barrionuevo con el radicalismo, por entonces en el gobierno. Buena parte del crecimiento y consolidación del gastronómico como dirigente de peso en el sindicalismo deviene de aquellos años, con la UCR en el poder, cuando él comenzó a hacer crecer a su gremio y a las obras sociales satélites que manejaba con gran habilidad.
Si se analiza el proceso formal que se llevó adelante en el Consejo de la Magistratura sobre el caso Oyarbide, surge que el pasado 11 de febrero se reunió la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura y en el orden del día se trató la denuncia de Federico Guillermo Figueroa y Mario Fenzel (los abogados de la defensa de Juan José Zanola en la causa de los medicamentos) contra el juez Norberto Oyarbide. Ese día, la votación quedó empatada cuatro contra cuatro. Por reglamento desempata el presidente de la Comisión, que tendría así doble voto. Diana Conti es la presidenta, por lo que el dictamen de mayoría que se elevó al plenario recomendó la desestimación de la denuncia. Votaron en ese sentido Diana Conti (dos veces), Nicolás Fernández, Héctor Masquelet y Luis María Bunge Campos. Con dictamen de minoría que pedía que se citara al juez para que hiciera sus descargos, votaron Luis María Cabral, Ernesto Sanz, Santiago Montaña y Mariano Candiotti.
Esta semana, en el plenario del jueves pasado, se trató la denuncia contra el juez, con el consejo de dictamen de mayoría que se aprobó en Comisión. Sin embargo, ya con la presencia de todos los consejeros, se desestimó este dictamen, que tiene solo carácter de consejo hacia el plenario, y se aprobó el dictamen de minoría por siete votos contra seis. Por la citación del juez votaron Pablo Mosca, Ernesto Sanz, Luis María Cabral, Santiago Montaña, Oscar Aguad, Juan Gálvez y Mario Candiotti. Por desestimar la denuncia votaron Diana Conti, Luis María Bunge Campos, Carlos Kunkel, Héctor Masquelet, Marcelo Fuentes y Nicolás Fernández.
De acuerdo con el dictamen de minoría se le aplica así el artículo 20 del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación “por cuanto, prima facie, su conducta configuraría, en principio, una falta disciplinaria (art. 14 A) inc. 5 y 7 de la ley 24.937 y modificatorias), derivando de tal circunstancia en una ‘afectación grave del servicio de justicia’”. De allí que ahora el expediente vuelve a la Comisión de Disciplina y Acusación para establecer fecha y hora de la citación.
¿Cómo y quien logró que “la minoría” en la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo se transformara en “mayoría” circunstancial? Tanto fuentes de la propia Comisión del Consejo como de ex funcionarios que siguen el caso con extremo interés por tener documentada toda la trama que involucra a la llamada”Mafia de los Medicamentos” le confirmaron a Miradas al Sur que la citación a Oyarbide fue impulsada con el aval político de los radicales Ernesto Sanz y Osar Aguad por razones “netamente políticas” (incluso también le cuestionarían un trato dispendioso con los gastos de su investigación) y el armado estratégico de Claudia Balbín. La misma que urdió la pegatina de afiches del pasado 21 de setiembre, buscando “embarrar” la causa que que llevaba adelante Oyarbide.
¿Cómo Balbín se convirtió en la operadora judicial en las sombras de Zanola? A través de la relación laboral que mantuvo en los últimos años con Néstor Lorenzo, propietario de la droguería San Javier.
Balbín, una asidua viajera a Estados Unidos y Uruguay, supo tener entre sus principales clientes al empresario tecnológico y de juegos de azar Miguel Ángel Egea, vinculado históricamente al Servicio de Inteligencia Naval y quien supo acrecentar sus negocios durante la pasada dictadura militar.
La mujer, que durante el gobierno de la Alianza colaboró con Nicolás Gallo en el Ministerio de Infraestructura, también tejió vínculos con el financista Carlos Forlano, responsable de la financiera Prever, y con Miguel Ángel Toma, con quien intentó quedarse con el negocio del sistema de control de tránsito y semaforización de la Ciudad de Buenos Aires bajo la actual gestión de Mauricio Macri.
Por su lado, y atenta a los pasos de la investigación de la “Mafia de los medicamentos”, Graciela Ocaña salió en los últimos días a hacer público su apoyo irrestricto a la labor de Oyarbide. La ex ministra de Salud dice tener sólo “palabras de admiración” para el juez federal y su equipo de trabajo y cree que Oyarbide en realidad confirmó su hipótesis de que la “Mafia de los medicamentos” con Zanola a la cabeza se dedicaba “al lavado de activos”. ¿Cómo funcionaba ese sistema de “lavado”? Para Ocaña el mecanismo es bastante claro: Por un lado está el recupero de fondos por tratamientos muy costosos que nunca se dieron a los pacientes y que genera dinero, y por otro lado, la falsificación de medicamentos costosos también. A esos fondos se los hacía pasar por distintas cuentas para que no se les pudiera seguir el rastro. Una parte pasó por cooperativas de créditos, que colocaban los cheques en otras cuentas y al final del día todo ese dinero se retiraba en efectivo. Algunas manejan entre seis y ocho millones de pesos por día, según lo que pudo investigar durante su paso por la el Ministerio de Salud.
De esa manera, Ocaña volvió a plantear el centro de la cuestión: cómo quiénes integraban la mafia de los medicamentos para el lavado de fondos, evitando caer en la celada pergeñada por la abogada Balbín, operada por el tándem Barrionuevo-Toma y puesta en práctica por los radicales Sanz y Aguad.
Lo que nadie, ni propios ni extraños, logran desentrañar, es la extemporánea aparición pública del integrante de la Comisión de Acusación y Disciplina, Luis María Cabral, que en declaraciones a los medios –el viernes– salió a aclarar que la actuación de Oyarbide “no aparece como una cuestión que vaya a abrir un proceso de remoción luego de que se escuche su descargo”.
Cabral, de quien no se conocían apariciones públicas en los medios, anticipó que “hay una investigación relativa a la forma en la cual se ha manifestado (por Oyarbide) en causas que están en trámites a su cargo. Incluso, la Corte Suprema tiene establecido una normativa acerca de las limitaciones que tienen los jueces para manifestarse públicamente sobre causas que están a su conocimiento”, explicó en declaraciones radiales.
Así, como en una novela de enredos, el propio Cabral, que el jueves 18 votó a favor de citar a Oyarbide al Consejo de la Magistratura por considerar que se había extralimitado en sus apariciones mediáticos durante el transcurso de la causa contra Zanola y la mafia de los medicamentos, ahora sale a explicar a los medios cómo y por qué lo citaron y lo que es más insólito aún, anticipó de qué tenor sería la sanción –si es que existe sanción– o el apercibimiento para Oyarbide.
O sea, que mientras por un lado acusa al juez de mediático, él mismo se convierte en un “mediático”.
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Informes: Doris Bustamante
